Que las instituciones vayan por detrás de la realidad es la norma. Abunda la crítica por la falta de visión de futuro de los políticos. Quizá es una bendición carecer de políticos visionarios. Atribuir tal condición solamente es posible a toro pasado; cuando se contrasta el presente con el pasado. Se pretende desconocer el factor de aleatoriedad fundamentado en la imposibilidad de conocer todas las variables necesarias para predecir las consecuencias de la existencia de la flecha del tiempo. Cuando pretenden anticiparse las instituciones al futuro el riesgo de error se multiplica y con él las consecuencias sobre la vida de los ciudadanos. Es preferible un gobierno con capacidad de avizorar lo fundamental de la realidad del presente a uno persuadido de las bondades de un modelo del futuro. El primero es un ejemplo de adaptación a la realidad, el segundo, uno de desdén por ella, lo que produce siempre sufrimiento.
Viene tal exordio a cuenta de la reacción de las instituciones de Balears al fenómeno de la saturación turística que estamos experimentando. Al bochorno insoportable de estos días se ha acumulado la sensación de claustrofobia que produce la aglomeración de visitantes en las calles de Palma, la de coches en las carreteras, la de bañistas en cualquiera de las playas de la isla. Los jinetes del apocalipsis parecen anunciarse cuando vemos por la televisión las consecuencias de los paquetes turísticos del "todo incluido" aunque recojan el testimonio de lo sucedido en comunidades como Canarias, extrapolables a nuestra propia realidad. La visión de una multitud de veraneantes concentrados a las ocho de la mañana, a la espera del disparo de salida, de una carrera hacia una hamaca cercana a la piscina del hotel, dibuja la imagen de algo parecido al infierno. Seguramente será debido a mis limitaciones personales, pero no puedo comprender esa identificación entre el asueto y la desconexión de la vida moderna y esa disputa declarada entre semejantes para conseguir el mejor metro cuadrado de plástico o arena para aspirar a un cáncer de piel; el mejor encuadre para una foto del móvil inferior a la mejor postal, que será inexorablemente consumida y olvidada; la mejor mesa a la sombra de un chiringuito para ingerir, a precios de atraco, vituallas imposibles, después de una caminata bajo el sol de injusticia que, tras aparcar el coche, abrasa hasta el más íntimo rescoldo de amor al contacto humano.
Pues bien, no pretendo culpar a las instituciones por no haber previsto la realidad. El cambio dramático de la misma se ha producido por la confluencia de factores no completamente previsibles, como la desestabilización política en Turquía y en el norte de África, nuestros hasta hace nada competidores turísticos, por el terrorismo yihadista y la relativa seguridad española como destino turístico frente a un mayor riesgo en otros destinos turísticos europeos. Si a los problemas de seguridad internacional por la amenaza terrorista se le suman los rápidos cambios civilizatorios impulsados por la tecnología y la globalización que ha conllevado, se puede entender el desconcierto de los gobernantes para encauzar una riada de acontecimientos que les desborda. Lo que ya no se podría entender es que siguieran sumidos en el desconcierto. Es el momento de tomar decisiones, no para resolver el presente, que no tiene solución, sino para afrontar el reto de las próxima temporadas.
Hay cuestiones que la realidad ya ha superado, como la conveniencia o no del impuesto turístico que ya nadie, ni siquiera el PP, discute. Pero hay otras que deben afrontarse ya. Una de ellas es la degradación del espacio público en zonas como Magaluf o la playa de Palma, que sólo en parte es atribuible a los visitantes; otras partes incumben a una oferta lamentable crecida en años de desidia municipal y gubernamental en lo que se refiere a la regulación de la misma, entregando lo público al uso degradado privado que aún hoy puede contemplarse; a la corrupción en áreas regulatorias de la administración; y a la incapacidad de la misma para asumir las nuevas realidades, como es la incompetencia de Emaya y el ayuntamiento de Palma para mantener unos mínimos de limpieza y orden, obsesionados por el cambio de las mentalidades (síndrome totalitario) antes que atender a las necesidades del presente.
Es incuestionable la urgencia de la regulación de los alquileres turísticos. Pero tal regulación no puede abocar a la desigualdad. O todos o ninguno. En unifamiliares y en plurifamiliares. Lo que no puede ser es que, indirectamente, la administración enriquezca ( sic) a un ciudadano del ensanche o Son Espanyolet frente a uno de la misma renta en Santa Catalina. Y la administración ha de garantizar que, si se permiten los alquileres turísticos, no solamente sean declarados en el IRPF, sino que también se asegure el pago del impuesto turístico que de ninguna manera ha de quedar reducido a las estancias hoteleras. Y para que ello sea posible es necesario adaptar las administraciones a las necesidades inspectoras y sancionadoras que aseguren la igualdad para todos. Y no es posible descartar la regulación de la denuncia anónima de aquellos alquileres que conculquen las disposiciones reglamentarias. Y es toda la administración, no sólo la turística, también la tributaria, la que debe adaptarse a la nueva realidad. Los presupuestos del 2018 están al caer. Apresúrense. Ahórrennos futuros bochornos. Ya no habrá excusas.
