Como es bien conocido, Trump utiliza Twitter para comunicarse con la opinión pública. Y ha relegado la cuenta presidencial de Twitter, @POTUS, en la que tiene más de 19 millones de seguidores, para seguir utilizando la personal, @realDonaldTrump, seguida por casi 34 millones. Tal sistema de dar a conocer sus opiniones ha generado polémica en numerosas ocasiones, como cuando utilizó un retuit para protestar por la postergación que una cadena de almacenes había hecho de una colección de moda de su hija, y últimamente ha saltado también a la palestra el hecho de que Trump, o quienes manejan la cuenta en su nombre, ha bloqueado a varios seguidores incómodos.
Los excluidos argumentan, con toda la razón, que si Trump utiliza Twitter para expresarse como jefe de Estado, bloquear a seguidores molestos y/o discrepantes constituye un atentado contra la libertad de expresión. Sin duda tienen razón los ofendidos, pero el problema es más arduo y complejo. En efecto, las redes sociales, que son como muros en que cada uno puede escribir lo que le plazca para que le vean los demás, han llegado a la política para quedarse. Sería absurdo que no se aprovecharan sus potencialidades en el terreno de la representación. Pero no es saludable que el grueso de la comunicación política se haga a través de un medio rudimentario que sólo permite los mensajes cortos, sin matices ni frases subordinadas. Y sobre todo sin la presencia en el acto de comunicar de periodistas dispuestos a exprimir la fuente y encargados de interpretar el mensaje, de dar fe de él, de exponerlo de la mejor manera posible ante la opinión pública.
