Esquerra Republicana de Catalunya, que sostiene junto al PSC al gobierno del ayuntamiento de Barcelona regido por Ada Colau, ha dicho que toma nota de la "ambigüedad" de la alcaldesa con respecto al Procés, y supedita a un cambio radical de actitud cualquier futuro pacto. Su argumento es, cuando menos, congruente con sus convicciones: El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha puesto en duda futuros pactos de su partido con los comunes, pues todo el esfuerzo que desarrolla la formación republicana está destinado a la celebración del referéndum y "si se trabaja para remover las bases del régimen del 78 para hacer un cambio absoluto que nos llevaría a hacer una república, será difícil de entender situarnos pasado el 1 de octubre al lado de aquellos que lo han hecho imposible". La sintaxis no es buena pero resulta inteligible. Y también lo es que Ada Colau no está dispuesta a ganarse a pulso la inhabilitación que sin duda recaerá sobre los munícipes que desacaten las órdenes del Tribunal Constitucional o vulneren la ley de Protección de Datos. La simpatía que pueda sentir por los organizadores de la "movilización" encaminada a poner "cajitas" (Echenique) en las que los ciudadanos depositen "papelitos" no es lo bastante fuerte para jugarse la carrera política.
En el mismo orden de ideas, el propio Oriol Junqueras ha exigido a Puigdemont "la colectivización de la responsabilidad" que se derive de la preparación y gestión del referéndum como requisito para que él asuma como comisionado o consejero especial la coordinación del desenlace material del Procés. Además, en prueba de la cordial desconfianza que se profesan los miembros de ERC y los de PDeCAT, Junqueras exigió la destitución de los consejeros "tibios" (dispuestos a apoyar el referéndum pero no a jugarse su patrimonio personal), y citó concretamente Joan Vidal de Ciurana, a Néus Munté y a Meritxell Ruiz, todos del partido de Puigdemont? La destitución de Jordi Baiget ha sacado a la luz una cuestión clave, que sin duda contribuirá a frustrar la consulta. De cualquier modo, ayer fueron destituidos los consejeros más pusilánimes (Munté, Ruiz, Jané y Vidal de Ciurana), relevados por kamikazes más fiables (Jordi Turull, Joaquim Forn, Clara Ponsetí, Víctor Collell). Entrantes y salientes son del PDeCAT; en ERC no hay dudas.
Los políticos se tientan la ropa con habilidad cuasi diplomática, rayana en la marrullería, pero los funcionarios han recurrido a la claridad para desmarcarse del dislate: los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local catalana, agrupados en cuatro colegios profesionales, han publicado una nota en la que recuerdan a sus colegiados la obligación de "permanecer siempre fieles al espíritu y al texto de la Constitución española". Con anterioridad, diversos sindicatos habían expresado su temor sobre las responsabilidades que recaerían sobre funcionarios y trabajadores que incumplieran la ley. La respuesta de la Generalitat ha sido inefable: la "ley del referéndum", ese bodrio inconstitucional que sonrojaría a cualquier persona con sensibilidad jurídica, "blinda a los funcionarios pues prevalece jerárquicamente sobre cualquier norma con la que pueda entrar en conflicto". Hay que refrenar la carcajada por la gravedad del caso que nos ocupa.
Como es conocido, la Fiscalía ya ha solicitado una investigación para que el tribunal de Cuentas reclame a Mas, Homs, Rigau y Ortega los 5,12 millones de euros que costó el 9N. El solo anuncio de esta actuación obligará a quienes insistan en sacar adelante el inútil remedo de plebiscito a reflexionar también sobre el caso y a medir el grado de su patriotismo catalanista, con la particularidad de que no se trata de arriesgar sino de resignarse a padecer unos daños que serán en todo caso inútiles y testimoniales. De cualquier modo, quienes han seguido ingenuamente la estela de sus procaces líderes, los Puigdemont, Mas, Junqueras, etc., tienen perfecto derecho a exigirles que se mojen, como hacía recientemente un personajillo de una viñeta de Peridis a la caricatura de un sujeto que sólo podía ser Puigdemont. Si no lo hacen, todo quedará reducido a un monumental engaño.