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Lo más grave

El hasta el jueves fiscal anticorrupción, Manuel Moix, quien había dado pruebas de franca insensibilidad en su actuación durante los tres meses que ha estado en el cargo (ha sido objeto de reprobación por el Parlamento) y que finalmente se ha visto envuelto en el extraño escándalo de ser copropietario de una sociedad panameña, ha terminado aviniéndose a razones y escuchando la opinión de la Asociación de Fiscales que reclamaba su dimisión. Al menos, ha sido consciente de sus limitaciones y se ha ajustado a ellas. Pero lo más grave del caso es que quien lo había designado, el también reprobado fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cargo de confianza del Gobierno que lo nombra, ha dado a conocer la noticia no con el alivio que cabía imaginar, ya que Moix estaba poniendo en riesgo la credibilidad de su institución, sino con verdadera consternación (real o fingida, esto es lo de menos), dejando en claro que el dimisionario no tenía que haber dimitido y que si lo ha hecho ha sido porque no ha logrado persuadirle de que se quedara. Tal actitud ha generado como es lógico nueva indignación social y hasta Ciudadanos ha reclamado la dimisión del fiscal del Estado. Algo falla en este engranaje político-judicial, cuyos chirridos impiden que la ciudadanía se crea que las instituciones están de verdad empeñadas en la lucha contra la corrupción política.

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