La pena de exhibición en la picota es una arcaica sanción penal que ya aparece en la legislación del siglo XIII, y en concreto en Las Partidas de Alfonso X el Sabio, y era una de las penas leves que se imponía a los delincuentes para su deshonra y castigo.
La picota y las demás penas degradantes han sido arrasadas por la prevalencia de los derechos humanos sobre cualquier otra consideración. En España, por ejemplo, el art. 15 de la Constitución prohíbe, además de la pena de muerte, las "penas o tratos inhumanos o degradantes". Y nuestro país ratificó en noviembre de 1987 la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1984.
Viene esto a cuento del 'tramabús', del vehículo fletado por Podemos para mostrar al público en general -para poner en la picota, diríamos figuradamente- a quienes son a su juicio los corruptos más conspicuos de este país, estén o no procesados, hayan sido o no condenados en firme. El alarde, que viola además la seguridad jurídica, es degradante para los señalados, y el estado de derecho no necesita de semejantes expansiones para imponerse, sancionar a los infractores y mostrar el efecto ejemplarizante de las leyes. El 'tramabús' es, pues, una incitación no sólo al odio sino también a las más bajas pasiones, mediante tácticas primitivas y detestables que la cultura democrática ha erradicado felizmente de nuestros países.
