La gran demora en la formación de nuevo gobierno tras dos elecciones generales el 20D y el 26J otorga una ventaja objetiva al Partido Popular, que podrá gobernar con gran autonomía porque, una vez vencidas las resistencias de quienes van a posibilitar la investidura de su líder, la propuesta concreta del candidato pierde importancia ya que la opinión pública no asimilaría que, después del largo periplo hasta aquí, el trámite de formación de un nuevo gobierno fracasase otra vez.
Quiere decirse, en fin, que si la fórmula de investidura que finalmente prosperará se hubiera planteado desde el primer momento, Ciudadanos y PSOE hubieran podido imponer un riguroso pacto de legislatura que hubiese condicionado decisivamente al PP de manea tasada y programada. Pero en las actuales condiciones, el PP aparece psicológicamente libre de hipotecas, sujeto -eso sí- a la matemática parlamentaria como es natural pero con plena autonomía, por más que en la práctica haya de pactar todas sus iniciativas legislativas, empezando por los presupuestos de 2017.
Como es bien conocido, PP, Ciudadanos y Coalición Canaria suman 170 diputados, y prácticamente la única bisagra a la que el nuevo gobierno podrá recurrir más o menos sistemáticamente es la formada por el PNV, con cinco escaños, que jugará previsiblemente el papel que han desempeñado siempre las formaciones nacionalistas moderadas en el ámbito estatal. En las circunstancias actuales y si no se aborda con éxito la cuestión catalana, es impensable que Podemos, ERC, la antigua CDC y EH Bildu apoyen alguna iniciativa gubernamental (a menos, claro está, que este gobierno consiga mitigar el conflicto catalán, un designio que habrá de acometer antes o después y que podría proporcionarle el apoyo de la derecha nacionalista del Principado, equivalente a la antigua CiU). Y el PSOE, muy condicionado por la crisis interna, tendrá la llave en numerosas cuestiones, lo que no necesariamente habrá de suponerle notoriedad en el sentido positivo de la palabra.
En estas circunstancias, es posible que resulten más alcanzables los grandes pactos de Estado sobre la seguridad social, la educación o la sanidad, si el gobierno tiene verdadera voluntad de acometerlos, que los Presupuestos del Estado que traducen una dirección política unilateral inevitablemente o que las demás reformas de menor cuantía que muestren algún sesgo ideológico y que sólo ofrecerían rentabilidad política al gobierno.
Todo indica, en fin, que la operatividad de la legislatura, el avance de la modernización legislativa y el acometimiento de las tareas gubernamentales que respondan a las necesidades dependerán sobre todo del talante del PP y de las fuerzas que le acompañen en cada ocasión. En particular, será muy importante a estos efectos el rumbo que emprenda el PSOE, que entra desarbolado, confuso y dividido en la legislatura, en la que previsiblemente mantendrá un destemplado ten con ten con Podemos.
En este ambiente, que puede ser fluido o abrupto, deberá gobernar Rajoy, en un desarrollo que requerirá inteligencia, diplomacia, aguante y sentido de la oportunidad, y de tales habilidades dependerá que la legislatura se cumpla íntegramente, aunque haya de prorrogarse algún presupuesto, o termine antes de tiempo porque Rajoy arroje la toalla. Porque la estabilidad del gobierno no estará sin embargo en riesgo, debido a la dificultad que plantea en nuestro ordenamiento constitucional la moción de censura: en efecto, el artículo 113.2 dispone que la moción de censura, que deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados, "habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno". En otras palabras, la moción ha de ser constructiva y sólo triunfa si quienes la plantean son capaces de investir otro presidente?. Algo que con la actual distribución de fuerzas en el parlamento parece harto difícil.
