La sanción penal de los delitos debe acomodarse al reproche social que suscitan. La proporcionalidad entre aquella y este es la base de la graduación de las penas. Si es más grave matar que robar, la condena por quitar la vida a un semejante deberá ser mayor que la que merezca quien le sustrae su patrimonio. Este es un viejo criterio que rige en Derecho Penal desde los albores de nuestra convivencia civilizada.
En este marco conceptual, sucede que algunos delitos dejan de serlo porque cesa el reproche social (el sexo extramatrimonial, por ejemplo). Y entonces procede revisar los códigos para despenalizarlos. También sucede a veces al contrario: actuaciones inocuas hasta hace poco pasan a ser delito (los delitos ecológicos, pongamos por caso).
Pues bien: en las comunidades de Valencia y Madrid, la ciudadanía ha rehabilitado con su voto positivo al partido que más escándalos de corrupción ha protagonizado en la pasada legislatura. La náusea debida al inmoral latrocinio se ha trocado en apoyo político. Y si las cosas son así, ¿por qué no retiramos la corrupción del código penal e implantamos la saludable costumbre de dilapidar alegremente entre todos el dinero público?
