Esta semana entramos de lleno en una nueva campaña electoral. Se presentan los mismos líderes de las grandes formaciones políticas que ya lo hicieron en las elecciones del 20D, a excepción de Alberto Garzón que se ha incorporado y entregado, con todo el arsenal político de izquierda Unida, a la formación liderada por Pablo Iglesias. Nada nuevo bajo el sol.
Así las cosas, y viendo como la precampaña se ha sustanciado en reproches e imputaciones de todos contra todos de culpabilidad ante la incapacidad de llegar a acuerdos para la formación de gobierno y sin que nadie hiciera la más mínima autocritica, los españoles seguimos sin visualizar que propuestas nos hace las distintas formaciones políticas sobre las grandes reformas que aun siguen pendientes en España. Es exigible pues que los partidos nos expliquen cual es su proyecto de futuro para España, el porqué de las propuestas y el cómo piensan llevarlas a término, en caso de asumir la responsabilidad de gobierno. Y es que España necesita recobrar el espíritu de la transición para poder afrontar, con unas mínimas garantías de éxito y esperanza, un futuro de convivencia en donde se sustituya la política de la destrucción del adversario por la política del pacto y del acuerdo, tal como se sustancio en 1978 cuando el pueblo español aprobó nuestra Constitución. Pues bien, es responsabilidad de todos los partidos políticos, y de manera particular de los constitucionalistas, darse cuenta de que la dura crisis económica ha provocado el afloramiento, a su vez, de una crisis institucional sin precedentes y de la no menos seria crisis moral de valores.
Hacer frente a la crisis institucional implica arremangarse y ponerse manos a la obra para afrontar una serie de reformas encaminadas a fortalecer la democracia, si no queremos que ésta entre en un proceso irreversible de degradación, cuyas consecuencias podrían dar al traste con los logros conseguidos por España desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Y es que, sin instituciones que funcionen y gocen de aprecio y credibilidad por parte de la ciudadanía, es imposible afrontar la crisis económica que aún hoy padecemos; y menos aún la crisis moral.
Hoy, en España, está en entredicho la justicia, los partidos políticos, la organización territorial, el Senado, la eficacia de la ley electoral, etc. Siendo la corrupción la principal causa del desprestigio institucional; sin dejar de lado los organismos reguladores, los sindicatos y la patronal, e incluso la propia monarquía, si bien, desde la abdicación del Rey Juan Carlos I y la subida al trono de Felipe VI ésta se está recuperando lentamente. Esta realidad sólo se puede afrontar si somos capaces de hacer un diagnóstico certero para poner en marcha las necesarias e imprescindibles reformas que revitalicen nuestra democracia. Ahí van, sin animo de ser exaustivo, algunas propuestas. La organización territorial de España. Redefinición y propuesta de Gobierno: comencemos por recordar lo más obvio, pero también aquello que hemos de tomar como básico. La Constitución de 1978 define a España como un Estado de Derecho, social y democrático, y establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. Al mismo tiempo, reconoce el principio de autonomía política como pilar de la organización territorial dentro de la unidad de España, según se desprende del título VIII de la Constitución, que trata "De la organización territorial del Estado".
De acuerdo con el principio de autonomía política, reconocido en la ley de leyes, el territorio español se articula en base al Estado de las autonomías, donde las comunidades autónomas son entidades intermedias entre el Estado y los ciudadanos que poseen capacidad de elaborar leyes, en el ámbito de su competencia, disponen de instituciones propias de gobierno, como son los parlamentos y gobiernos autonómicos, y las bases legales de su organización se recogen en sus correspondientes estatutos de autonomía.
La formación del Estado de las autonomías ha sido el resultado de un complejo proceso en el que intervienen diversidad de factores (históricos, políticos, sociales, culturales, ideológicos, geográficos, etc.) que comenzó a organizarse durante el periodo de la Transición española (1975-1978). Se hizo realidad a partir de la entrada en vigor del texto constitucional. Los primeros pasos se habían dado ya antes de la Constitución, con la concesión de las llamadas preautonomías por decreto-ley (Cantabria, Madrid y La Rioja fueron las tres únicas que no gozaron de este régimen).
Cataluña fue la primera en despegar (el 29 de septiembre de 1977 se restableció provisionalmente la Generalitat), seguida del País Vasco. Y ante la evidencia de que el puzle autonómico se iba a construir a dos velocidades y con piezas de primera y de segunda categoría, se populariza la expresión café para todos, del entonces ministro de UCD para las Regiones, Manuel Clavero, que llegó a dimitir de su cargo en 1980 porque el Gobierno negaba a Andalucía el mismo trato dado a las comunidades "históricas".
Los defensores del café para todos no pudieron evitar que la Constitución estableciera dos formas de acceso a la autonomía la "vía rápida" y la "vía lenta". Cataluña, País Vasco y Galicia se acogieron a la disposición transitoria segunda, que permitía el acceso inmediato a la autonomía (por el artículo 151), con todas las competencias, a los territorios que en el pasado habían aprobado un Estatuto en referéndum y tuvieran ya un régimen autonómico provisional. Andalucía pudo acogerse también a esta vía después del referéndum de 1980. Navarra, Canarias y Valencia siguieron procesos específicos que les permitieron alcanzar una "autonomía de primera". Pero los pactos autonómicos de 1981 reconducen el proceso para aplicar al resto de comunidades el artículo 143, con un nivel competencial inferior en un periodo inicial de cinco años y una transferencia sucesiva de competencias en los años siguientes.
