Empieza a ser irritante: no es que sea difícil pactar una investidura que dé paso a una mayoría de gobierno, lo cual podría entenderse en un panorama tan complejo como el emanado de las elecciones del 20 de diciembre, que por añadidura abre además caminos inéditos en este país, acostumbrado a un cómodo bipartidismo. Lo que ocurre es que, por un cúmulo de prejuicios, emanados de cálculos estratégicos más o menos inteligentes, el debate que todavía se mantiene es el previo a cualquier proceso de negociación. Lo que se dirime no es qué programa podría decantar de los diferentes pactos posibles sino qué condiciones ha de imponer cada cual para sacar partido a la coyuntura y, sobre todo, para no salir trasquilado y en situación de desventaja ante unas hipotéticas elecciones generales que pueden celebrarse en apenas unas semanas. Nuestros partidos, celosos de la tajada de representación que han obtenido el 20D y dispuestos a todo para preservarla y, si es posible, acrecentarla, no están atentos a las coincidencias y discrepancias con las otras fuerzas que podrían determinar los acercamientos, los pactos y las coaliciones, sino a las encuestas. Son conscientes de que el cambio no ha sedimentado todavía y de que cualquier movimiento imprudente podría dejarles irremisiblemente fuera de la fotografía. Están, en definitiva, pendientes de sus intereses y sólo de refilón miran al país perplejo que espera sus conclusiones. Seguramente hay una concordancia directísima entre la (mala) calidad de la clase política y la (mala) calidad política del cuerpo social pero el argumento no es bastante para aplacar una gran inquietud que empieza a advertirse en el rostro entre crispado y sorprendido de la ciudadanía.
