De modo definitivo, Balears se ve con otros ojos desde Madrid. La mirada capitalina es, por lo general, muy distorsionada con respecto a la necesidad y la realidad del archipiélago.
Si el Gobierno tuviera un enfoque ecuánime y justo, las islas dispondrían de un sistema de financiación serio y coherente y el partido que lo sustenta hubiera resuelto con mayor premura y solvencia la crisis de los conservadores locales o, para ser más exactos, el todavía coleante problema Bauzá.
Ahora, Mariano Rajoy vuelve a errar el tiro. Es muy probable que con su recurso a la ley balear de comercio, obra del Ejecutivo autonómico anterior, quisiera poner en un primer aprieto al Govern Armengol, pero, ya de entrada, ha conseguido agrupar a todas las fuerzas locales en contra de la postura del Gobierno. Nadie entiende por qué se ha tomado la decisión de recurrir. Como en tantas otras ocasiones, parece que ha pesado más la posición de traba política antes que la resolución acorde con la realidad comercial de estas islas.
El conseller de Trabajo, Iago Negueruela, se ha mostrado sorprendido al topar con el recurso y ha acusado a Rajoy de aprovecharse del cambio de poder en el archipiélago y de no respetar los acuerdos alcanzados en las conversaciones mantenidas. El novel conseller no está solo en esta posición. Cuenta con unos respaldos prácticamente desconocidos en situaciones semejantes. Ayer la práctica totalidad de sectores vinculados al comercio, incluidas las asociaciones de consumidores, se sumaron a la postura autonómica. Sólo las grandes superficies, y por supuesto el PP, mantienen una cierta distancia y esperan a conocer la redacción definitiva de las medidas que se van a adoptar a partir de ahora.
Ya resulta paradójico que el Gobierno del PP plante cara a una norma ideada por sus correligionarios de aquí, una prueba más de que en pocas ocasiones se toma a Balears en serio y de que los conservadores locales carecen de capacidad de influencia y arbitraje ante sus superiores jerárquicos. El recurso abierto abre la posibilidad de construir superficies comerciales de hasta 750 metros cuadrados sin tener en cuenta las limitaciones territoriales. Este es el elemento que ha acabado indignando a todos porque no concuerda ni con la demanda ni con la posibilidad.
Ahora al Govern no le queda más remedio que aplicar medidas cautelares. En la práctica se van a traducir en una moratoria de grandes superficies sin apenas discrepancias. Es la consecuencia de un Gobierno central que quiere ejercer de Govern autonómico sin saber muy bien por qué ni mesurar las consecuencias de las decisiones que adopta. El recurso presentado se vuelve todavía mucho más incomprensible desde el momento en que estaban entabladas conversaciones para alcanzar un punto de encuentro. La solución definitiva para el comercio balear queda aparcada, en un estado de provisionalidad que no beneficia a nadie.
