El desempleo español no sólo es grave y preocupante por su magnitud objetiva, por alcanzar casi el 24% de la población activa cerca de 5,5 millones de desempleados según la última EPA publicada, sino también por el elevado porcentaje de parados de larga duración, como acaban de poner de manifiesto los sindicatos, organizaciones que aunque han perdido peso en el proceso socioeconómico la crisis ha terminado de arrasar la negociación colectiva, que era su principal razón de ser, siguen desempeñando el insustituible papel de dar voz a los asalariados, y especialmente a quienes se hallan en paro y fuera de los circuitos por los que transita el empleo. De hecho, la UGT acaba de presentar un plan para los parados de larga duración, que piensa discutir con los interlocutores sociales y con los gobiernos autonómicos surgidos de las elecciones de mayo.
Los datos son bien reveladores: según el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, seis de cada diez parados son de larga duración (llevan más de un año buscando empleo) y cuatro de cada diez son de muy larga duración (más de dos años). En total, hay en España más de 3,3 millones de parados de larga duración, de los que más de 2,2 millones son de muy larga duración. El problema corre serio riesgo de volverse estructural y crónico con dos colectivos: los mayores de 45 años y los parados con baja cualificación: siete de cada diez desempleados mayores de cincuenta años son de larga duración a partir de los 45 ya afecta a casi el 68% y a los 55 llega al 76% y más de la mitad, de muy larga duración. Asimismo, los parados sin estudios o estudios primarios tienen una tasa de desempleo de larga duración superior al 70%.
El factor sin duda más incisivo que ha dado lugar a esta situación ha sido el estallido de la burbuja inmobiliaria, que llevó al desempleo a la mayor parte de los trabajadores del sector construcción, casi todos de baja cualificación, incluso jóvenes que abandonaron su preparación profesional para aprovecharse de aquel boom enfermizo. Ese sector vuelve ahora lentamente a la vida pero no es imaginable que alcance una dimensión parecida. Con lo que buena parte de los parados que generó continuarán largo tiempo inactivos a menos que se apliquen potentes políticas activas, de formación en primer lugar.
A tal fin, el sindicato UGT ha pedido que se dediquen a tales políticas y a subsidiar a los parados de larga duración la mitad de los recursos obtenidos de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. El año pasado, la Agencia Tributaria consiguió más de 12.000 millones de euros de su labor inspectora, por lo que la organización sindical pretende que se destinen a los mencionados fines unos 6.000 millones, una cantidad que es un 50% mayor que los 4.000 millones que se utilizan actualmente. Asimismo, UGT quiere que se derogue un decreto de julio de 2012 que eliminó el subsidio para los desempleados mayores de 45 años y retrasó el de mayores de 52 hasta los 55 para que todos los parados disfruten al menos del subsidio mínimo de 426 euros (la cobertura del desempleo ha bajado hasta el 55%, como consecuencia precisamente de la larga duración del desempleo).
No hace falta decir que los parados de larga duración no sólo son un problema económico: también social y moral. El país tiene la obligación de rescatar para la actividad a personas que tienen todas sus potencialidades intactas y que no pueden ser condenadas al ostracismo y a la frustración, excluidas de facto de sus derechos básicos de ciudadanía.
