Las elecciones andaluzas han sido las primeras de una larga secuencia de cinco consultas de aquí a final de año, y a pesar de las singularidades de este territorio en el que no ha habido alternancia desde el arranque de la etapa democrática, la continuidad ha estado aderezada esta vez por la irrupción de las nuevas tendencias presagiadas por los antecedentes y las encuestas.
De entrada, hay que constatar que el PSOE, según lo previsto, ha logrado la victoria con 47 escaños, aunque lejos de la mayoría absoluta, que es de 55 (la cámara andaluza es de 109 asientos). El PP se mantiene en segundo lugar, aunque con un importante retroceso de 17 escaños, hasta los 33, y Podemos consolida su posición estatal con una discreta tercera plaza, con 15 escaños y menos de la mitad de los votos del PSOE, insuficiente para sus ambiciones totalizadoras pero lo bastante buena para mantener su protagonismo. También Ciudadanos, que con excepción de las europeas se presenta por primera vez en unas elecciones fuera de Cataluña, ha cumplido el expediente con 9 escaños y conserva su posición, algo disminuida, en el teórico cuatripartito que han dibujado los sondeos.
Contra lo que se esperaba a priori, el proceso electoral no ha sido para Susana Díaz un paso adelante en sus aspiraciones políticas. Ha ganado, sí, y será probablemente la presidenta andaluza ya por méritos propios, pero no ha alcanzado la mayoría absoluta ni ha mejorado su imagen estatal sino al contrario las críticas que la han censurado por su discurso más sentimental que ideológico han tenido cierto fundamento y desde luego ha perdido puntos en su disputa por el liderazgo frente a Pedro Sánchez. Éste se ha consolidado al frente del proyecto socialista, que va perfilándose, en tanto la lideresa andaluza aparece periférica y sólo inteligible en su territorio de procedencia.
Naturalmente, los resultados obtenidos obligan ahora a avanzar hacia la gobernabilidad de la comunidad autónoma. No es previsible que se formalice una coalición no habrá "gran coalición", que sería suicida para su promotores, y las formaciones emergentes nacen contra los viejos partidos por lo que no se entendería ahora un alianza pero sí caben pactos encaminados a permitir al PSOE gobernar en minoría. El Estatuto de Autonomía establece que el candidato a la investidura necesitará mayoría absoluta en primera votación parlamentaria y mayoría simple en las siguientes, con la particularidad de que, transcurridos dos meses desde la primera votación sin que se haya elegido a un presidente, se disolverá automáticamente el parlamento por lo que deberán celebrarse nuevas elecciones (artículo 118.3). En definitiva, bastaría la abstención del PP para que Susana Díaz se convirtiera en presidenta, o de Podemos y al menos una de las demás formaciones de centro y de izquierda.
Si así se hiciera, la presidenta socialista debería gobernar con apoyos puntuales, al menos hasta que después de las elecciones generales cupiera la posibilidad de formalizar pactos más estables que dieran lugar a una coalición. Quizá PSOE-Podemos, que no es rechazada según los sondeos y a pesar de lo que verbalizan ambas formaciones por la mayoría de los votantes de ambos partidos. Tampoco puede descartarse entonces la "gran coalición".
En definitiva, y a falta de análisis más depurados, las elecciones andaluzas marcan el principio de un cambio político que, aunque intenso, no será tan radical como se llegó a suponer la envergadura de los dos grandes partidos sigue siendo relevante a pesar de las mermas y que supondrá la entrada en escena de otros actores, capaces probablemente de acelerar el saneamiento del modelo y de modernizar un sistema que, en diversos sentidos, había quedado anquilosado.
