La Asamblea Nacional de Francia debate sobre la muerte digna en términos de garantizar el derecho del paciente terminal, o gravemente afectado por una enfermedad incurable, a una sedación profunda y prolongada que acabará desembocando en la muerte ("sedación terminal profunda"). La reforma francesa coloca el deseo del paciente por encima del criterio médico, lo cual constituye una de las novedades con respecto a la legislación previa; la otra es esa sedación que se suministrará "aunque adelante la muerte", al tiempo que se interrumpen "la alimentación o la hidratación artificiales". Como contexto de todo ello, se halla la realidad de que dos de cada tres franceses no tienen acceso a cuidados paliativos por incapacidad para ello de su sistema sanitario.
Dicho rápidamente, se trataría de un paso que no irrumpe de lleno ni en la eutanasia ni en el suicidio asistido, sino que se mantiene en el procedimiento de sedación generalmente admitido. Sin embargo, es un paso en la delicada frontera entre los cuidados paliativos y la sedación terminal, ese difícil punto del "doble efecto", a saber, que los tratamientos aplicados para aliviar la agonía acortan la vida del paciente, aunque ese no sea el objetivo deseado.
Hace unos años, la Academia Nacional de Medicina de Francia objetó, ante una posible legalización de la eutanasia, que en ningún caso un médico puede tomar la decisión de aplicar un tratamiento que provoque la muerte. Tal decisión sería contraria a su "misión de curar", y si esto último es imposible, evitará el "ensañamiento terapéutico" y "asegurará la serenidad a la persona, que ha de ser acompañada hasta el final de su vida". En ese marco, el "doble efecto" puede ser inevitable, pero nunca el médico se habrá planteado la muerte del paciente, ni para el momento en que se produzca, ni en un plazo más rápido.
Los académicos franceses justificaban fuertemente su postura en que ha de salvaguardarse la confianza entre paciente y médico, lo que significa que el primero no solicitará al segundo que acabe con su vida, ni el doctor tomará una decisión en ese sentido. La Academia de Francia remitía a los comités médicos y de ética las decisiones sobre casos extremadamente difíciles, y sí recomendaban que, manteniendo la eutanasia como delito punible, los jueces dispongan de preceptos que puedan anular la culpabilidad en dichos casos límite.
Pero viniendo a lo concreto, a la "sedación terminal profunda" que se debate en Francia, hay voces del ámbito católico (más respetado allí que en España), que advierten sobre el peligro de que dicha sedación, por su propia definición y por la intención gubernamental, significa un paso en dirección a la eutanasia. Tal vez sea por la proximidad geográfica, pero en Francia, y no sólo en el catolicismo francés, se mira con mucha precaución hacia Holanda y Bélgica, que en su momento rompieron una cierta posición europea común. Los datos holandeses, por ejemplo, son preocupantes según pasan los años. De 2002 a 2007 el número de eutanasias legales estuvo estabilizado en torno a los 1.800 casos anuales, pero desde 2008 se han disparado a los 4.188 de 2012, y no se descarta llegar a los 6.000 (más un 25% de casos que no son comunicados a las autoridades, según algunas estimaciones). A este dato ha de añadirse que ha crecido el número de eutanasias de pacientes con enfermedades psiquiátricas o demencia, lo que significa casos de depresión prolongada, o personas mayores con demencia senil, o, simplemente, viudos. Lo que pretendía ser una avanzada legislación para excepciones ha entrado ya en un ritmo desbocado. Por ello incluso pequeños pasos como la "sedación terminal profunda" han de ser examinados con mucho detenimiento.
