El expresident del Govern y del Partido Popular en Balears, Jaume Matas, se acogió ayer a su derecho constitucional a no declarar contra sí mismo y no quiso contestar a las preguntas sobre financiación ilegal de su partido, vía dádivas de empresarios, algo que ya inquietaba hace dos años a la Guardia Civil
La Policía Judicial lo vio claro en abril del 2013: las cuentas del PP de Balears no cuadraban y era preciso repasarlas con lupa para aclarar cómo se financiaron, entre otros gastos, las campañas electorales del 2003 y 2007.
Los agentes adscritos al caso Over, una pieza separada del sumario Palma Arena, detectaron que la agencia de publicidad madrileña y sus satélites facturaron al PP por trabajos electorales mucho más de lo que éste declaró por ese concepto ante la Sindicatura de Cuentas, el organismo que vela por la igualdad de oportunidades en los comicios.
Además, estaba la confesión de Daniel Horacio Mercado, el publicista del PP balear, que en 2012 desveló cómo hacía negocios con ese partido: él le hacía trabajos gratis, rebajados o en negro, y a cambio de contratos públicos millonarios adjudicados a dedo.
La Guardia Civil pidió al juez Castro autorización para chequear a fondo las cuentas corrientes y la contabilidad del PP, pero la línea de investigación no prosperó al no apoyarla la fiscalía anticorrupción.
Dos años después subsisten las mismas lagunas respecto a la manera en que el partido liderado por Jaume Matas sufragó sus campañas electorales del 2003 y 2007, pero han aflorado nuevos indicios contra esa fuerza.
Las sospechas son tan grandes que han dado lugar a la apertura de una pieza separada específica sobre financiación ilegal de la derecha balear.
Matas tendría mucho que explicar sobre la materia, empezando por Over, Son Espases y la sede del PP, pero prefiere no comprometerse más de lo que ya está. Su imagen, vendado y en la cárcel, no es, ni de lejos, lo que fue.
