La Fundación por la Justicia, una ONG valenciana formada por personalidades del Derecho y dedicada a la defensa de los derechos humanos, ha presentado un catálogo de 99 "medidas de aplicación efectiva" contra la corrupción, que han sido suscritas por una treintena de prestigiosas personalidades de diversos campos, entre las que se encuentran la catedrática Adela Cortina, la jueza Manuela Carmena, el juez Pedro Luis Viguer, el expresidente del ICO Aurelio Martínez, etc. Los integrantes de esta iniciativa han decidido constituir la Sociedad Civil contra la Corrupción (SCcC), plataforma ajena a los partidos, que propone estatuir un observatorio ciudadano permanente y un foro ciudadano anual frente a la corrupción, para dar seguimiento y evaluar la situación de esta lacra, examinar el grado de respuesta desde lo público y proponer medidas de mejora.
Durante la legislatura que se aproxima a su término, se ha avanzado discretamente en el afán legislativo de luchar contra la corrupción por vía normativa, pero el problema no se ha zanjado en absoluto, tanto por lo vasto del quehacer pendiente cuanto por la falta de ímpetu en la clase política a la hora de frenar su propia autonomía en aras de la transparencia. De ahí que sea plausible y estimulante el surgimiento de iniciativas como la que sugiere este comentario. La presión social es sin duda necesaria para combatir y erradicar esta lacra, que ha puesto al régimen democrático español al borde del abismo.
