Este fin de semana he leído el libro ¿Hay derecho?, cuya firma pertenece al pseudónimo Sansón Carrasco, evocando al bachiller que saca don Quijote de su desvarío para devolverle la razón. Esto es precisamente lo que hoy hace falta en España. Que el imperio de la ley vuelva la razón a las múltiples disfunciones que una macroproliferación de normas provoca en los ciudadanos, al dar una multiplicidad de interpretaciones de las mismas.
Dice Aristóteles: "La soberanía debe pertenecer a las leyes fundadas en la razón, y que el magistrado, único o múltiples, sólo debe ser soberano en aquello que la ley prevé". De esta forma, asocia el gobierno de las leyes con el imperio de la razón, dejando de lado al gobierno de los hombres que, se quiera o no, se rige por las pasiones.
En un Estado democrático y de derecho, y España lo es, la ley debe ser garantía de convivencia, libertad, paz, igualdad y seguridad. Ocurre que, cuando la producción de leyes se mide más por la cantidad que por la calidad, su efecto puede ser motivo de desigualdad, y por tanto de conflicto. De eso trata precisamente el libro ¿Hay derecho?, al poner al descubierto la "quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España". La causa hay que buscarla en la falta de unificación de doctrina, como consecuencia de dieciocho instancias con competencia legislativa. El Parlamento español y los 17 parlamentos autonómicos.
Para comprender la anterior afirmación, y demostrar que los españoles no son iguales ante la ley, basta poner un ejemplo sencillo: si un español, que reside en Cataluña quiere abrir un negocio, "una tienda", por ejemplo, no podrá hacerlo del mismo modo que si lo quiere abrir en Castilla La Mancha, porque ambas autonomías tienen procedimientos y exigencias distintas. Si a ello le añadimos la ley estatal, el conflicto está servido. Esto es lo que denuncia, entre otros hechos, el libro de referencia, obra imprescindible para políticos, juristas, jueces y magistrados, y como no, para todo aquel que se precie de espíritu crítico ante la situación de degradación de las instituciones parlamentarias.
Los autores efectúan un diagnóstico certero de nuestro ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución, pasando por los estatutos de autonomía, acabando por analizar la calidad de las normas y su insoportable proliferación, que pone en riesgo el principio de igualdad de todos ante la ley, y la eficacia del sistema de garantías. Esta es la consecuencia que deriva de la férrea partitocracia, la corrupción, el clientelismo y la falta de preparación de los legisladores. Su resultado final es que pone muy difícil, a jueces y magistrados, que la justicia sea eficaz, efectiva y justa.
Tal como ya advertí en mi última conferencia, pronunciada en el Círculo de Economía, en relación a la partitocracia, los autores también coinciden en que la voluntad del Parlamento, sea nacional o autonómico, ha dejado de ser la expresión de la voluntad general, para convertirse en la voluntad de unos pocos, que obedecen, a toque de silbato, las directrices dictadas por las cúpulas de los partidos.
Los autores del libro denuncian el incremento geométrico de normativa estatal y autonómica, y como hemos mencionado, este hecho provoca consecuencias muy graves. Consecuencias que van desde tramitaciones repletas de incertidumbres, inseguridad jurídica, costes para los emprendedores y operadores económicos, hasta desvirtuar el principio de igualdad ante la ley y el de la libertad individual. Su efecto es letal porque quiebra el desarrollo de la competitividad, rompe la unidad de mercado, convierte ciudadanos de primera y de segunda? En una palabra, se establece la inseguridad jurídica como norma.
En España, actualmente existen más de cien mil normas vigentes. Tenemos un sistema jurídico obeso, muy obeso, que multiplica por diez al sistema jurídico federal de Alemania. Y eso que Alemania duplica en población a España. Esta y no otra es la causa de que el imperio de la ley resulte del todo ineficaz e ineficiente. Es una lástima que no hagamos caso a la sabia reflexión de Cicerón cuando advierte: "Si no es absolutamente necesario que exista una norma, entonces es absolutamente necesario que no exista.".
Uno tiene la sensación de que los gobiernos miden su eficacia en función de la capacidad de producción de normas. Craso error. Ello no hace más que complicar la vida a los ciudadanos. Hemos pasado de una democracia de calidad a una partitocracia asfixiante. La democracia debe sustentarse en el imperio de la ley, la libertad, la igualdad y la justicia. Y ésta debe desarrollarse a través de los partidos políticos y de una ciudadanía activa. La democracia no es el imperio de los partidos, y menos aún de sus cúpulas, para adormecer a la ciudadanía y que ésta adopte una actitud lanar de obediencia.
Como muy bien nos advierten los autores del libro, "?la democracia no es una cuestión de elegir entre determinadas políticas públicas, más o menos de izquierdas, o más o menos conservadoras", que también. La democracia es además participación activa de la ciudadanía, y control del poder mediante mecanismos de poderes y contrapoderes efectivos. De ahí que la pregunta que debemos hacernos es "¿quién controla al controlador?". Porque cuando se pierde el respeto a las normas y se da entrada a la discrecionalidad se hace efectiva la frase puesta en boca de Alfonso Guerra, cuando espetó "Montesquieu ha muerto."
Yo añado, Montesquieu ha muerto de la asfixia provocada por la abrumadora proliferación normativa, la falta de independencia de los poderes del Estado, y el lento secuestro, pero efectivo, de la democracia practicada por los partidos políticos y convertirla así en partitocracia. ¿Hay derecho? Que cada cual responda. El libro de referencia le servirá para determinar su respuesta.
