No le faltaba otra cosa a Calvià y a los honrados ciudadanos que pagan sus tributos y se procuran la normalidad en el municipio. La presente temporada turística, por lo menos en cuanto a Magaluf, no será recordada por la cantidad de turistas que han acabado recalando en el lugar ni por el registro de las cajas de los establecimientos de ocio. Los escándalos, de distinta índole, inconcebibles desde la lógica y pésimos para la convivencia y la buena imagen de Mallorca, han acabado superándolo y anulándolo todo.

Magaluf, para desgracia y decepción colectiva, admitámoslo, queda acotado como espacio hostil. Ahora acaba de caer el que probablemente sea el último bastión de la confianza social y lo que debería constituir el eslabón principal de las garantías entre Administración y ciudadano. Cuando te llevas el sobresalto de contemplar cómo los máximos responsables de un cuerpo policial son detenidos, tienes la impresión de que el mundo se pone al revés y confirmas la triste impresión de que en esta Mallorca actual siguen siendo posibles y reales todas las corrupciones imaginables. Calvià, de todos modos, no constituye una excepción puntual, porque irregularidades varias afectan o han afectado también a mandos de la policía local de Palma y Llucmajor.

Habrá que admitir por igual que, por lamentable que sea, que el hecho de que se pueda investigar, detener y remitir a prisión a mandos policiales de distinta graduación, significa que el sistema de garantías legales y de seguridad acaba funcionando pese a todo y que nadie, faltaría más, está exento de dar cuenta de sus responsabilidades y de las irregularidades que haya podido cometer. Son las impresiones que quedan después de observar cómo ayer la juez encargada del caso decidió enviar a prisión al inspector de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, a un jefe de unidad y a un agente del mismo cuerpo. Se les imputa presunta práctica de extorsión grave después de investigar las denuncias presentadas por empresarios del negocio del ocio nocturno de Magaluf.

La principal prueba incriminatoria parece residir en la grabación de un vídeo en el que se observa entrar y salir a un agente en un local para introducir droga. Se entiende como trampa para después acusar. De todos modos, queda bastante por descifrar porque el caso también deriva, a modo de fleco, de las irregularidades en el asunto de los exámenes de la Policía Local de Palma y tiene sus ramificaciones políticas, por lo que no está todavía cerrado. De ahí, la cautela y el silencio observado ayer entre la clase política. Si, como se dice, se "utilizaban distintas varas de medir" en las inspecciones realizadas después de los últimos escándalos sexuales, resulta presumible la connivencia política apuntada. El asunto no ha quemado todas sus etapas.