Sin duda hay opciones para la mejora del sistema de financiación actual de Balears. Entre otras cuestiones, el principio de ordinalidad, el coste de la vida o el mayor peso de la insularidad podrían favorecer la posición balear.

En este sentido es lógico que, ante una voluntad de mejora, nadie pueda mantener una posición contraria y, por ello, en abstracto, no queda otra que apoyar al Govern que abogue por esta iniciativa.

No obstante, los apoyos deben responder a una propuesta concreta y, por ello, quienes recriminan los efectos del actual sistema de financiación, si realmente van en serio, bien harían en poner, negro sobre blanco, el modelo que defienden en vez de navegar por un mar de generalidades.

Tampoco es desdeñable tener en cuenta el momento. Dudo de que sea el más oportuno para promover cambios, con un Gobierno de España instalado en la austeridad como única receta para hacer frente a la crisis y, por ello, protagonista de un diluvio de recortes, a lo ancho y largo de todas las políticas públicas. A ello hay que sumar la poca predisposición del ejecutivo estatal en lo relacionado con las Autonomías, y la enorme crisis política de credibilidad, estabilidad y, por tanto, inseguridad, que está generando.

Tampoco juegan a favor los antecedentes. La última vez que un Gobierno del PP modificó el sistema, el resultado fue que Balears quedó colocada en el último lugar de la lista, a mucha distancia del anterior, concretamente 21 puntos por debajo de la media de financiación per capita; y no eran tiempos de crisis como ahora?

No cabe duda que el sistema acordado en la legislatura anterior con el Gobierno socialista es mejorable, pero tampoco es menos cierto que significa un avance muy ostensible respecto del modelo Aznar. De las tres liquidaciones realizadas hasta ahora se desprende una diferencia muy considerable, que ha supuesto para Balears, en tres años, unos 1.500 millones de euros más, respecto de si se hubiera seguido aplicando el modelo anterior.

En la primera liquidación, la del año 2009 realizada el 2011, sin que el sistema se aplicase en su totalidad, Balears quedó décimas por debajo de la media; en la segunda, la del 2010 efectuada el 2012, dos puntos por sobre la media (según se ha comprobado en un reciente estudio de Ángel de la Fuente, del CSIC) y en la tercera la del 2011 liquidada en 2013, con la plena aplicación del modelo, nuestra comunidad se ha situado en el 100,8.

El sistema actual nos ha sacado del abismo en el que nos había dejado el anterior, haciendo que recuperemos más de 21 puntos y colocándonos en la media del sistema. Y todo ello durante años malos económicamente hablando. Lo peor del modelo, sin duda, son las tardías liquidaciones bianuales que limitan la disponibilidad de la comunidad.

Estamos hablando de unos quinientos millones más cada año, precioso dinero del que el sistema anterior nos privó y causa relevante del endeudamiento de nuestra comunidad. Hay que recordar que mientras nos mantenían 21 puntos por debajo de la media, Balears, junto con Madrid, eran los únicos territorios que aportaban al sistema. Éramos quienes más aportábamos y, con diferencia, los que menos recibíamos. Ahora seguimos aportando mucho, pero ya no somos el farolillo rojo en el reparto: sobre 17 comunidades, Balears ocupa, ahora, el noveno lugar, por encima de la media de financiación per capita.

Quien pide desde el Govern la reforma del sistema debe tener clara su propuesta y algunas garantías de que no supondrá retrocesos indeseables, no sea que nos pase como con las inversiones del Estado, de las que representantes del PP, desde la oposición, se quejaban dramáticamente durante la legislatura anterior, a pesar de que ascendieron a más de 1.200 millones de euros. Los mismos que ahora, desde el Govern permiten, que no se alcance la mitad ni de lejos. No me cabe ninguna duda de que el sistema es mejorable. Pero dudo que su modificación, en la actualidad, nos sea favorable, vistos los antecedentes de los actores que, en su caso, han de hacerla posible.

*Senador por Illes Balears