Los planes de AENA y del gobierno central sobre el nuevo modelo de gestión aeroportuaria siguen aferrados a un sistema centralista que poco o nada satisface las aspiraciones de las islas. Las manifestaciones del ministro de Fomento, José Blanco, sugieren la posibilidad de una participación de determinados gobiernos autónomos e incluso la entrada de capital privado en la gestión de sus aeropuertos de cabecera, pero en el que AENA seguirá teniendo un peso decisorio. No sólo eso, sino que en el caso de Son Sant Joan ni siquiera queda claro que vaya a incorporarse a la primera fase de la cogestión. El ministro no lo ha aclarado y el president Antich se ha limitado a confiar en unas promesas de las que, por haber sido reiteradamente incumplidas, no hay que esperar demasiado. Una nueva decepción que evidencia la escasa sensibilidad del gobierno central ante los problemas de la insularidad.

El frente común encabezado por la Cámara de Comercio e integrado por la práctica totalidad de agentes sociales de las islas debería haber sido suficiente para que Madrid atendiera a sus demandas. Pero no ha sido así. AENA quiere seguir contando con los escasos aeropuertos rentables –y tanto Son Sant Joan como el de Ibiza lo son– para financiar un sistema aeroportuario basado en pequeños reinos de taifas al mismo tiempo que dedica toda su atención a Barajas o, a lo sumo, al aeropuerto de Barcelona. Los únicos aeropuertos que, por ahora, tienen garantizada la pseudocogestión que se ofrece. ¿Se ha olvidado AENA de que para entrar o salir de una isla es imprescindible el avión o el barco? Los puertos tiene su propia junta autónoma, pero orgánicamente siguen siendo administración central. Y los aeropuertos, ni eso.

Poder gestionar la principal puerta de una isla no es sólo una ambición atribuible al deseo de ensanchar la autonomía, como podía serlo disponer de una policía propia u otra competencia aún no transferida o desarrollada, sino una pura necesidad. No es una casualidad que todos los agentes sociales de las islas coincidan en que es necesario un cambio de rumbo en nuestro modelo de desarrollo y que, en este sentido, el control sobre la gestión de Son Sant Joan, y en su caso de los otros aeropuertos insulares, sea un instrumento imprescindible. En el Govern lo saben y así lo han hecho saber al ministro de Fomento. Pero la respuesta es decepcionante. Lo es la actitud del gobierno central respecto a las islas, pero también la de un president Antich que confía pero desconoce los planes de AENA. Es francamente inconcebible que todo un President no disponga de una información que es trascendente para el futuro de esta Comunidad.

Ante esta situación, una vez más, hay que unir la voz de todos los mallorquines para hacer realidad una autonomía que contemple la insularidad como eje central de su política económica. Una realidad insular que en Madrid no se entiende o no se quiere ver. Balears, lógicamente, no puede aspirar a formar parte de las grandes redes viarias o ferroviarias peninsulares o continentales. Sus únicos enlaces con el exterior son los puertos y aeropuertos, pero un sistema burocrático y centralista –impropio de un Estado de las Autonomías– se niega a reconocer esta realidad. La cogestión de Son Sant Joan sigue en tierra, sin despegar y sin saber cuándo va a poder emprender el vuelo. Quizás cuando sea demasiado tarde.