El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se reunió ayer con el vicepresidente y conseller de Hacienda del Govern, Antoni Costa, para conformar un frente común con el objetivo de exigir los fondos que el Estado se había comprendido a abonar en los convenios de carreteras y el ferroviario. En el caso de Mallorca, se trata de 230 millones de euros para infraestructuras que desde el Gobierno del Estado «se niegan a enviar a nuestra isla, con el argumento de que ya se dispone del factor de insularidad que gestiona el Ministerio de Hacienda».

En la reunión se envió una carta pidiendo una reunión urgente con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María José Montero. «Madrid tiene una deuda de 230 millones con todos los mallorquines para poder mejorar nuestras infraestructuras», explica Galmés, quien considera que esta situación deriva de «una mala negociación» de la expresidenta del Consell Catalina Cladera «cuando permitió suspender el convenio de carreteras a cambio de un factor de insularidad, que son solo 110 millones anuales para toda Balears».

Tanto Galmés como Costa recuerdan que, «mientras el Gobierno invierte miles y miles de millones en AVE en la Península, se niega a pagar 230 millones a los mallorquines».

Desde el Consell explican que el presidente escribió una carta al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado mes de diciembre reclamando el convenio de carreteras y los 230 millones de euros, aunque la respuesta, recibida a finales de mayo de 2024, fue que su Ministerio recibió indicaciones del Ministerio de Hacienda de que las infraestructuras de los consells insulares, a partir de ahora, se financiaban directamente desde el Ministerio de Hacienda, mediante el factor de insularidad.

Galmés también explicó en aquella misiva que, entre las obras pendientes, hay algunas infraestructuras esenciales para la movilidad y para la mejora de los accesos a Palma como son el Tramo I de la vía conectora; el carril adicional entre la Ma-13, la Ma-11 y la Ma-1110, así como las variantes de Inca, Artà, Campanet y la ronda de Sencelles. También incluye la mejora del enlace entre s’Arenal y Llucmajor. «Los importes actualizados de todas las actuaciones programadas en el convenio pueden superar, a fecha de hoy, los 300 millones de euros», denuncia.

Por su parte, el vicepresidente del Govern manifiesta que «no podemos consentir» que el Govern anterior «permitiera dejar en un cajón» los convenios de carreteras y el convenio ferroviario a cambio de tener el factor de insularidad: «Presionaremos todo lo que haga falta. La competencia ferroviaria siempre se había financiado a través de convenios, ya que la comunidad autónoma no puede asumir la financiación completa».