El decreto ley es la fórmula para dictar leyes en casos excepcionales y de extrema urgencia. Lo que ocurre es que habitualmente muchos ejecutivos abusan de esta normativa. En tres años de la actual legislatura del Govern que comanda Francina Armengol se han dictado un total de 33 decretos, superando en seis a los impulsados por el líder de los decretazos que hasta el momento era el expresidente del PP y ahora eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, en la legislatura 2011-2015. Estas cifras se pueden consultar en los archivos del Parlament.
En aquella legislatura del PP comandada por Bauzá encontramos cómo tanto el PSIB-PSOE de Armengol como Més per Mallorca denunciaban casi de forma semanal en el Parlament lo que consideraban un «abuso» de los decretos ley por parte del Govern Bauzá, una muestra de «autoritarismo». Es cierto que en estos tres años de mandato del Pacto se ha sufrido una pandemia como la de la Covid y también los efectos de la crisis a raíz de la guerra de Ucrania. Ello ha provocado que se tenga que dictar muchas normas por la vía de urgencia.
Un gran número de medidas de la Covid se han aplicado mediante el «mando y ordeno» del decreto ley. No obstante, algunos otros, como la estabilización de los funcionarios no tenía nada que ver con la pandemia y solo pasó por el Parlament para su validación. La oposición no pudo presentar enmiendas.
La figura del decreto ley está reservada a casos «de extraordinaria y urgente necesidad» que justifiquen la aprobación de medidas «provisionales» por esta vía de urgencia. El Estatut de autonomía incorporó esta fórmula en 2007 que permite al Govern acelerar la aplicación de las medidas en cuestión. Ello se traduce en una tramitación exprés en el Parlament que, salvo que se decida someterlo al mismo procedimiento que las leyes, no permite además a los partidos de la oposición presentar enmiendas sino que el decreto ley queda validado sin apenas debate y gracias a la mayoría absoluta de turno.
La pandemia
El conseller de Modelo Económico y Trabajo, Iago Negueruela, justificó la avalancha de decretos ley por la pandemia excepcional y la guerra de Ucrania que provocaron que se tuvieran que dictar normas por la vía de urgencia.
Por su parte, la consellera Fina Santiago, que era diputada de Més en la época de Bauzá, afirmó que «la calidad de los decreto de esta legislatura con los de Bauzá marcan la diferencia». Santiago recordó el decreto del TIL o de la Ley de Símbolos como las polémicas normas digitadas en el último Govern del PP en Balears.
El Govern Armengol en 2019 solo utilizó en una ocasión la figura del decreto ley. En 2020 se disparó, batiendo el récord histórico en un solo año, ya que llegaron a 15. Ese año fue el más duro de la pandemia. En 2021 fueron nueve y en lo que llevamos de 2022 ya han llegado a los ocho.
Es cierto que algunos se han tramitado después como ley, como es el caso de la Ley Turística y el decreto sirvió para que la moratoria de plazas entrara en vigor de forma inmediata. No obstante, han utilizado los decretos ley para dictar normas sobre la regulación de los taxis, para regular el turismo de excesos o los fondos europeos bajo el argumento de la «extraordinaria urgencia».
