Bartolomé Cursach opta por el silencio. El empresario acusado de dirigir una trama de corrupción policial en beneficio propio decidió ayer no responder a ninguna pregunta en el juicio. «Por consejo de mi abogado no voy a declarar», anunció el magnate al tribunal. Tampoco su mano derecha en los negocios, Bartolomé Sbert, contestó nada. «Por las razones que ya expuso mi abogado y que ya denunciamos en fase de instrucción en 2017, no puedo declarar», dijo sobre las supuestas irregularidades cometidas durante la investigación.
Con la callada por respuesta, Cursach y Sbert abrieron así el turno de las declaraciones de los 17 acusados que quedan en el banquillo por su implicación en el presunto entramado mafioso. Después de que el tribunal de la Audiencia Provincial que juzga el caso rechazara todas las peticiones de nulidad de las defensas, la sesión se abrió con las abogados formulando protestas por esta decisión de cara a los hipotéticos recursos planteados en caso de condena.
La decisión de Cursach y Sbert incide en la tesis de sus letrados de que toda la instrucción está plagada de irregularidades y vulneraciones de derechos. «Cursach no ha declarado nunca sobre los hechos que se le imputan», sostuvo el abogado Enrique Molina, que recomendó al empresario no hacerlo tampoco ayer. La estrategia de Cursach y Sbert pasa por su confianza en que nadie podrá a lo largo del juicio vincularles con ninguna actividad ilegal y acabarán absueltos. Y en caso contrario, esgrimir de nuevo en sus recursos las irregularidades que han venido denunciado para reclamar, una vez más, la nulidad de todo el procedimiento.
El tribunal abortó antes de comenzar los interrogatorios un intento in extremis de los abogados defensores para que los acusados declarasen al final del juicio, una vez se haya interrogado a los testigos. Fue el letrado Gaspar Oliver, que representa a dos policías locales, quien abrió este frente. Sostuvo que con la modificación a la baja del escrito de acusación de la fiscalía, «ha desaparecido el pacto entre Cursach y los policías» para llevar a cabo las actuaciones corruptas. «Lo que queda no tiene un hilo. Lo ideal sería escuchar la prueba y después poder contestar», señaló Oliver respecto a sus defendidos. El resto de letrados secundaron, casi por unanimidad, esta propuesta. Aseguraron que la postura de la fiscalía es «inconcreta» y que era necesario delimitar en la vista las imputaciones para ejercer debidamente el derecho de defensa. «No sabemos de qué tenemos que defendernos», alegó una abogada.
El fiscal Juan Carrau se opuso a esta petición, asegurando que no existía «ninguna justificación». «Si estaban en condiciones de prestar declaración con un escrito más amplio, no sé por qué una reducción les supone que ya no estén en condiciones», aseguró Carrau. El fiscal reprochó que esta solicitud se planteara el mismo día que comenzaban las declaraciones de los acusados y el perjuicio que suponía a estar alturas alterar el orden previsto y, por tanto, el calendario fijado.
El tribunal no compró los argumentos de las defensas. Las magistradas se retiraron a deliberar y apenas diez minutos después anunciaron que rechazaban la petición con la que se habían descolgado en el último momento los acusados, recordando que no está prevista en la ley. Los letrados formularon, también esta vez, protesta por la decisión del tribunal.
«Para el tribunal es un juicio como cualquier otro»
La presidenta del tribunal, Samantha Romero, insistió ayer en transmitir una imagen de normalidad. «Para el tribunal es un juicio como cualquier otro», replicó cuando uno de los abogados alegó que se trata de un caso «de especiales características» para solicitar que los acusados declaren después de los testigos.
No es la primera vez que Romero sale al paso de este tipo de afirmaciones. En una sesión anterior ya expuso que no es la primera vez que se enfrentan a un «juicio complicado», en alusión al caso Nóos, donde se sentaban en el banquillo la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. En otra ocasión dejó claro que el tribunal no se iba a «dejar intimidar por nadie».
Ayer las magistradas mostraron cierta desesperación cuando un abogado pidió que se exhibiera un documento a uno de los acusados y hubo que emplear más de diez minutos en localizarlo y descargarlo. «Este tribunal está cansado de asumir funciones que no le corresponden», dijo.
