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Diario de Mallorca

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Juicio del caso Cursach

La fiscalía sigue recortando su acusación del caso Cursach y retira ahora otro delito al exjefe de la Policía Local de Palma

El ministerio público anuncia que ya no imputa a Joan Miquel Mut la omisión del deber de perseguir delitos - Continúa la avalancha de peticiones de nulidad por parte de las defensas

Joan Miquel Mut B. Ramon

El escrito de acusación de la fiscalía en el caso Cursach sigue adelgazando. El ministerio público anunció este jueves, en la cuarta sesión del juicio, que ya no imputa al exjefe de la Policía Local de Palma Joan Miquel Mut la omisión del deber de perseguir delitos, por el que reclamaba dos años de inhabilitación. El ministerio público ya había anulado su acusación contra Mut por recibir sobornos del grupo Cursach, por el que inicialmente reclamaba cuatro años y medio de prisión. De este modo, solo queda en pie contra él un cargo por prevaricación por manipular un acta y expedientar a un agente que denunció irregularidades, por el que se enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación.

Herranz comunicó este cambio en su réplica a las cuestiones previas planteadas por el abogado de Mut, Jaime Campaner, que inauguró el turno de los letrados de los policías locales que se sientan en el banquillo. Campaner señaló que los hechos imputados a Mut en el escrito de acusación «no son constitutivos de delito». Sobre una reunión en su despacho del cuartel de Sant Ferran en la que estaban el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, y el jefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres, para ordenar a dos policías que manipularan un acta de infracción en 2007, dijo que ni siquiera se sitúa a Mut allí ni se especifica qué intervención tuvo, por lo que no puede ser acusado de omisión del deber de perseguir delitos por ello. Además, apuntó que estos hechos habrían prescrito ya.

En su réplica, el fiscal detalló que esa imputación está retirada de facto y hace referencia a otros hechos, tachados en su escrito pero que no desaparecieron en la petición de pena. Así, anunció que está anulada de facto y que desaparecerá en sus conclusiones finales. Por el episodio del despacho, abundó, se le acusa de prevaricación y rechazó que hayan prescrito.

Mut también está acusado de prevaricación por expedientar injustamente y aplicar medidas cautelares a un agente como represalia por denunciar irregularidades de un mando policial en 2014. Campaner incidió en que Mut no redactó ni firmó las medidas, a lo que el fiscal respondió que «la prevaricación puede ser verbal». También descartó que esos hechos puedan ser declarados prescritos. 

El abogado solicitó además la nulidad del auto de apertura de juicio oral contra Mut porque no había sido incluido en el de procesamiento, lo que le hizo «perder oportunidades de recurso». El letrado enumeró una serie de supuestas irregularidades durante la tramitación del procedimiento, denunció su «ocultismo» y sentenció: «No puede convalidarse este Frankenstein que se ha planteado en la fase de instrucción». Herranz contestó que el segundo auto «era un complemento del primero» y que no se produjo ninguna indefensión.

«Insostenible»

También los abogados de los agentes de la Policía Local de Palma Bartolomé Capó, Gabriel Torres y Nicanor Góngora plantearon una batería de peticiones de nulidad. Siguiendo la estela de las defensas de Cursach y Sbert, cargaron con dureza contra el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán. El letrado Eduardo Morey aseguró que «la situación es insostenible» ante la «vulneración de derechos» de los acusados y reclamó la nulidad de la causa. El letrado Daniel Rodríguez apuntó que Subirán actuó por su «fobia y odio» a la Patrulla Verde por no atender como él pretendía sus quejas por el ruido de un aparato de aire acondicionado instalado junto a su domicilio.

Ambos letrados cuestionaron también que el relato de la fiscalía sobre los hechos delictivos supuestamente cometidos por sus clientes es «genérico e inconcreto» y que no están debidamente ubicados en el espacio y en el tiempo. El fiscal Herranz rebatió estas alegaciones y reclamó al tribunal que no las tenga en cuenta. El juicio continuará el próximo lunes con más cuestiones previas planteadas por los abogados defensores.

La jueza Romero: «Yo ya no puedo aseverar nada»

La magistrada que preside el juicio, Samantha Romero, evidenció hoy el desconcierto del tribunal ante algunas situaciones que se están viviendo en el juicio. La fiscalía, tras las alegaciones de algunas defensas, aportó las declaraciones judiciales de varios acusados durante la instrucción del caso, que hasta ahora solo figuraban como fotocopias. «No tenía previsto que ocurriera esto. Yo ya no puedo aseverar nada», dijo Romero antes de decretar un receso para que los abogados examinaran estos documentos.  Las defensas salieron después en tromba a pedir que no se admitan estas declaraciones en este momento del procedimiento por «indefensión».

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