La nueva tesis de la fiscalía sobre el caso Cursach desvincula al empresario de la corrupción en la Policía Local de Palma y reclama ahora para él una condena de un año y medio de prisión, frente a los más de ocho años solicitados inicialmente. También rebaja su petición para el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, que se enfrenta ahora a tres años y medio de cárcel. A dos semanas del inicio del juicio, los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz rebajan en un nuevo escrito de acusación -limitándose a tachar páginas enteras del presentado a finales de 2018- tanto el relato de hechos como las penas solicitadas. Descartan ahora que Cursach tuviera a sueldo a los agentes implicados y, aunque mantienen que una decena de policías acosaron a los negocios de la competencia y pide por ello importantes condenas, sostienen que lo hacían sin móvil aparente o en beneficio propio.
La versión de lo ocurrido con la que la fiscalía se presenta en el juicio reduce a la mínima expresión la conexión de Cursach -a quien no se atribuye un solo hecho de forma directa- y Sbert con los policías locales. Queda en pie el hostigamiento de la Patrulla Verda a la discoteca Level/Divino, situada frente a Tito’s y, por tanto, competencia directa. La acusación mantiene que Sbert «dio las órdenes oportunas para crear una situación de constantes inspecciones» a su rival, que llevaron a cabo dos agentes durante varios años sin recibir nada a cambio, de acuerdo con la nueva tesis de la fiscalía.
También quedan en pie las presiones de Sbert en 2007 al entonces jefe de la Policía Local de Palma, Joan Miquel Mut, y al máximo responsable de la Patrulla Verda, Gabriel Torres, para manipular un acta por mantener abierto un local sobre el que pesaba una orden de paralización y clausura. Tampoco consta a cambio de qué en la tesis fiscal.
En el esto de intervenciones irregulares de la Policía Local en bares y discotecas, ni rastro de Cursach y los suyos. Los tachones de la fiscalía en su escrito de acusación excluyen cualquier pago del grupo empresarial -tanto de dinero como mediante fiestas, consumiciones o pases VIP para su gimnasio- a los agentes acusados de corrupción. Los recortes del ministerio público atribuyen así las prácticas ilegales de los policías a cuestiones ajenas a Cursach. En algunos casos, exigían dinero a los dueños de los negocioso y les pedían favores sexuales; y en otros pretendían ser contratados como empleados de seguridad. Consta también cómo algunos agentes alertaban de las inspecciones que iban a recibir los establecimientos de Cursach y otros empresarios en la zona de la Playa de Palma.
La jibarización del relato de hechos de la fiscalía acarrea tanto la retirada de varios delitos como la exculpación de varios procesados e importantes modificaciones en las peticiones de condena del resto. Mientras en su escrito de acusación inicial pedía penas que sumaban 146 años para 25 acusados, ahora solicita 59 años para 16 imputados.
Cursach, el gran beneficiado
Las rebajas benefician especialmente al propio Bartolomé Cursach. Acusado inicialmente de grupo criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que le pedían ocho años y medio de cárcel, la fiscalía reclama ahora para él un año y medio solo por los dos primeros delitos. También pide que se le inhabilite durante 15 años para toda actividad relacionada con la hostelería.
Para Sbert, el descuento se queda en una petición de tres años y medio de cárcel por grupo criminal, prevaricación y coacciones. Los otros tres miembros del Grupo Cursach procesados -Antoni Bergas, expolicía y hombre de confianza; Jaime Lladó, director de Tito’s; y Arturo Segade, responsable de la zona VIP de la discoteca- quedan ahora exculpados por la fiscalía pese a los nueve años de cárcel que se pedía para ellos.
También se aplican notables rebajas a varios de los 14 agentes de la Policía Local de Palma implicados al ser eliminados los presuntos sobornos recibidos de Cursach. El exjefe del cuerpo Joan Miquel Mut se libra de la petición de cuatro años y medio de cárcel y se enfrenta ahora a una inhabilitación de 12 años para cargo público por prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. Por el mismo motivo, las peticiones de condena quedan minimizadas para varios integrantes de la Patrulla Verda.
Sin embargo, la fiscalía mantiene las graves acusaciones por delitos de grupo criminal, cohecho, abuso de función pública con solicitud sexual, coacciones y revelación de secretos contra media docena de policías locales. Para uno de ellos-Gabriel Mayol- solicita nueve años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación. Para Daniel Montesinos pide 8 años de prisión, mientras otros cuatro -José Mayans, Carlos Vallecillo, Carlos Tomás y Nicanor Góngora- se enfrentan a sendas condenas de seis años y medio de reclusión.
El cambio de postura de la fiscalía está directamente vinculado, según explican fuentes del ministerio público, a la investigación abierta por las posibles irregularidades durante la instrucción del caso del juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán -ambos fueron apartados del proceso- y los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional.
El nuevo escrito viene firmado por Juan Carrau -cuya rúbrica figura en el inicial- y Tomás Herranz, el fiscal enviado por Anticorrupción desde Madrid para asumir todas las causas relacionadas con el Caso Cursach. Entre ellas, la de Penalva y Subirán, donde Herranz sostiene que cometieron graves delitos durante las pesquisas, con detenciones y encarcelamientos injustos y sin pruebas, manipulación de testigos y revelaciones de secretos. Este procedimiento está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia resuelva los recursos y aclaré por qué delitos deben ser juzgados.
