La Audiencia Provincial ha reservado nueve meses y 148 sesiones para celebrar el juicio del Caso Cursach. El tribunal de la sección primera, en un auto dictado anteayer, ha ampliado el calendario previsto inicialmente por la gran cantidad de pruebas que han solicitado las partes. Así, está previsto que la vista oral se inicie el próximo 13 de junio y se prolongue hasta el 30 de abril de 2023, con un paréntesis durante agosto y septiembre.

Las magistradas rechazan en el auto varias testificales solicitadas por las defensas y reclaman que justifiquen la necesidad de otras, como la del alcalde de Palma, José Hila, o la que fuera concejal de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor.

El juicio abordará la pieza principal del llamado caso Cursach, el presunto trato de favor recibido por los negocios de Bartolomé Cursach durante más de 15 años, entre 2000 y 2016, en una compleja trama de corrupción policial, política y empresarial. Junto al empresario -para quien la fiscalía reclama ocho años y medio de prisión- están acusados varios de sus más estrechos colaboradores, como Tolo Sbert, Antonio Bergas, Jaime Lladó y Arturo Segade. Según sostiene la fiscalía, el Grupo Cursach tenía a sueldo a agentes de la Policía Local de Palma para que protegieran sus locales de ocio. Lo hacían tanto evitando inspecciones y saboteando posibles sanciones como persiguiendo injustamente a los negocios de la competencia con el objetivo de que echaran el cierre, según la acusación. El ministerio público apunta también a que el grupo tenía una gran influencia en departamentos administrativos claves para sus negocios, como la concejalía de urbanismo del ayuntamiento de Palma.