«Este verano se van a ver desbordados». La frase es propiedad del presidente de la asociación balear de salas de fiestas y discotecas (ABONE), Miguel Pérez-Marsá, y se refiere a los servicios de inspección y policiales encargados de luchar contra las fiestas ilegales, ya sean las que se celebran en domicilios particulares o las que tienen lugar en establecimientos de restauración sin licencia para ese tipo de actividades. Señala un dato para respaldar este vaticinio: sin hacer comenzado todavía el periodo estival, esta patronal está presentando cada semana de tres a cuatro denuncias al detectar este tipo de comportamientos irregulares.
Pérez-Marsá esgrime que tras dos años con duras restricciones, y a la vista del elevado número de turistas que están llegando a las islas, la pretensión general es obtener unos ingresos lo suficientemente altos como para compensar las carencias sufridas durante la pandemia. Y eso está sucediendo tanto entre las empresas que actúan dentro de la legalidad como entre aquellos que se la saltan sin excesivos escrúpulos.
El presidente de ABONE reconoce que el Govern es consciente de esta situación, de ahí que aprobará un decreto ley intensificando las sanciones contra la celebración de fiestas ilegales, en la que se contemplan sanciones de hasta 300.000 euros tanto para los organizadores como para los propietarios de las viviendas en las que se celebran si se demuestra que eran conocedores de este tipo de actividades.
El problema radica, según este representante del ocio nocturno balear, es que no basta con fijar unas reglas de juego si no hay personal suficiente para controlar que se cumplen, y ahí radica su escepticismo respecto al efecto real que la nueva normativa va a tener en las islas durante la actual temporada turística, al considerar que los efectivos de que disponen las Administraciones públicas son claramente insuficientes para afrontar la avalancha de actividades de ocio ilegal que se van a registrar. Eso explica esa previsión de que «se van a ver desbordados».
En cualquier caso, Miguel Pérez-Marsá insiste en que la patronal que preside tiene la intención de seguir denunciando las irregularidades que detecten sus asociados, y pone de relieve que para abordar este problema ya se han mantenido reuniones con representantes del Govern, del Consell de Mallorca y de los ayuntamientos. Pero tras estos encuentros la conclusión es la antes señalada: hay pocos efectivos para poder afrontar lo que se avecina.
El presidente de ABONE pone de relieve que dos son los frentes en los que las empresas de su sector se ven obligadas a luchar. Uno es el de la competencia que generan las fiestas ilegales que se celebran en viviendas, pero otro es el de los locales de restauración que, pese a no disponer de licencia de actividad para ello, contratan a algún disc-jockey para organizar bailes en su interior. Este tipo de actividades ya se desarrollaban antes de la pandemia, pero todo apunta a que este año van a superar ampliamente las registradas durante 2019, dada la enorme demanda de oferta de ocio que se está dando una vez levantadas todas las restricciones.
Prueba de ello es que en las denuncias presentadas por ABONE hay casos de reincidentes de años anteriores, pero también de establecimientos que están manteniendo este tipo de comportamientos por primera vez.
Ese aumento de la demanda de ocio se refleja también en los niveles de actividad que están alcanzando las discotecas y salas de fiesta de las islas. Miguel Pérez-Marsá afirma que se han recuperado ya los niveles previos a la pandemia y que todo apunta a que va a ser un verano muy bueno.
Pero al mismo tiempo, recuerda que su sector ha estado totalmente paralizado durante dos años, por lo que van a ser necesarias dos temporadas positivas para que estos establecimientos puedan sanear sus cuentas, y recuerda el endeudamiento que han tenido que afrontar.
