Baleares se queda fuera de la nueva descentralización de entes públicos promovida por el Gobierno central para «revertir el desigual reparto de la población», junto a Cantabria, Asturias y el País Vasco.
Serán, concretamente, organismos públicos, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias, autoridades independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones y fondos carentes de personalidad jurídica. Entre las opciones que han sido otorgadas a otros territorios, destacan centros de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Seguridad Social, el Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de la Energía, el Centro de Estudios Penitenciarios del Estado o Correos, entre otros.
Esto contrasta con el supuesto interés mostrado por el presidente Pedro Sánchez el pasado verano en relación a temas en los que las Islas han sido pioneras, como la generación de energías renovables o los avances turísticos. Esto contrasta con el supuesto interés del presidente Pedro Sánchez el pasado verano por temas en los que las Islas han sido pioneras como la generación de energías renovables o los avances turísticos, porque no ha sido Mallorca sino Benidorm quien se ha convertido en la sede de la Plataforma Inteligente de Destinos Turísticos. Tampoco alberga la sede del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), ya que el Gobierno decidió apostar por Navarra.
Se trata de la primera vez que un Ejecutivo determina una «elección racionalizada» para repartir distintas sedes de organismos públicos por diversos puntos del Estado. El objetivo, según se apunta desde el Ministerio de Política Territorial, es «conseguir así el establecimiento de un mecanismo deliberativo que aproveche el potencial de todas las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía y que contribuya a reforzar el papel del sector público como elemento vertebrador”.
Además, la ministra Isabel Rodríguez detalla que esta decisión se debe a que «está acreditado que las instituciones públicas ejercen un papel extremadamente beneficioso en los entornos físicos en los que se ubican”. Las nuevas sedes públicas se repartirán por todo el territorio español, menos en cuatro comunidades autónomas concretas: Baleares, Cantabria, Asturias y País Vasco.
Para este reparto, el Gobierno ha formado un amplio grupo con representantes de los distintos ministerios para establecer las normas de elección. Según matizan, se priorizan factores como la «tendencia demográfica», la capacidad para generar oportunidades de trabajo o combatir las altas tasas de desempleo que existen en algunas provincias. En uno de los puntos del decreto se determina que se reforzará la presencia pública en las autonomías «en las que el Estado ha estado hasta ahora menos presente”. Baleares, al menos de momento, no parece estar en este listado.
