«Mallorca no debe de convertirse en Mónaco». La frase es del presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Balears, Luis Martín, en referencia al precio creciente que registran las nuevas viviendas que se edifican en Mallorca y su diseño pensado para una clientela de alto poder adquisitivo. En su opinión, lo que está sucediendo supone además la «decadencia» del sector que representa porque «no se puede trabajar solo para los ricos, no es sano, porque se necesita impulsar viviendas para todo el mundo».
Luis Martín reconoce que con el fuerte encarecimiento que están registrando los materiales de construcción se hace todavía más complicado impulsar residencias para las clases medias, pese a vaticinar que se trata de un problema coyuntural. Sin embargo, no oculta que «una vez que un precio sube, resulta difícil que vuelva a bajar».
Además, insiste en el importante aumento en su valor que está registrando el suelo disponible en la isla, y en este sentido lamenta las políticas que se están impulsando desde el Consell de Mallorca o desde el ayuntamiento de Palma para hacer que éste sea cada vez más escaso, como en el caso de la desclasificación de unas 200 hectáreas en el plan general de ordenación urbana palmesano.
Respecto a la inclusión en este último de medidas para desarrollar mas vivienda de protección oficial (VPO) por parte de la iniciativa privada, pronostica que «no veremos ni una durante 2022, y probablemente tampoco en 2023».
Martín defiende la necesidad de ampliar el parque de vivienda protegida como medida para que las clases medias puedan acceder a una primera residencia, pero aboga por una solución como la adoptada en Cataluña, que ha elevado el precio que se puede pedir por ellas, de forma que el promotor privado pueda volver a proyectarlas sin perder dinero.
Este representante del sector asegura que los promotores «estamos deseando hacer vivienda de protección oficial» en Mallorca, porque aunque su margen de beneficio es menor, las ventas están prácticamente aseguradas, pero advierte de que con los actuales límites en los precios resulta inviable hacerlo sin perder dinero.
Pero esta petición no es atendida en Balears, se lamenta, dado que «en el Govern no lo entienden y no encontramos un interlocutor para abordar esta cuestión».
