El Consell de Govern acordó ayer lunes exigir a los trabajadores sanitarios no vacunados de los centros de Balears que se hagan tres pruebas diagnósticas de la covid cada semana, dos de las cuales deben ser tipo PCR para acceder a sus puestos de trabajo. Esta medida afecta a todo el personal sanitario, tanto público como privado, y van desde los hospitales, pasando por centros de salud, centros de análisis, clínicas de abortos y clínicas dentales. Es una medida pionera en España.
Según la conselleria de Salud, el 4,5% de los sanitarios públicos y privados están sin vacunar. Se calcula que unos 2.500 profesionales de la sanidad pública y privada de Balears todavía no se ha inmunizado. Esta medida, junto a la exigencia de pasaporte covid para acceder a bares y restaurantes de más de 50 personas de aforo, deberá ser avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
El portavoz del Govern y conseller de Modelo Económico, Iago Negueruela, explicó que, a propuesta de la conselleria de Salud y Consumo, el Ejecutivo balear acordó esta medida. «Se trata de profesionales que están atendiendo a personas vulnerables y es preciso extremar las precauciones en unos momentos en que se producen incrementos de contagios», apuntó Negueruela.
La norma también incluye que el personal sanitario de los centros públicos y privados de nueva incorporación o que vuelvan al trabajo después de un periodo de permiso o vacaciones, pese a estar vacunados con la pauta completa, también se deberá someter a una prueba diagnóstica de coronavirus obligatoria.
Sobre la mesa del Govern también estaba incluir al personal de las farmacias y los veterinarios, pero no lo han hecho ante las dudas de los servicios jurídicos a esta obligación y ante la necesidad de solicitar los permisos pertinentes para aplicar la medida al Tribunal Superior de Justicia de Balears.
La petición de exigir el certificado covid o pruebas diagnósticas semanales a los sanitarios, según el Govern, sale de los directores de hospitales y coordinadores de atención primaria que se lo propusieron a la consellera Patricia Gómez. Se calcula que unos 500 sanitarios que están trabajando en primera línea de la covid todavía no se ha querido inmunizar.
La consellera de Salud, Patricia Gómez, se remitió al decreto ley 11/2020 del Govern, que establece un régimen sancionador para los sanitarios que se nieguen a vacunarse o ha presentar las pruebas PCR de forma semanal. Gómez añadió que las sanciones están tipificadas en función del riesgo para las personas que se atienda y, por ello, será preciso evaluar cada caso.
Desde el Servei de Salud explicaron que los servicios jurídicos están estudiando la normativa a aplicar en caso de incumplimientos. No obstante, entienden que en el caso de un sanitario que se niegue a vacunarse y tampoco se someta a las tres pruebas anticovid preceptivas cada semana, se le puede impedir la entrada en su puesto de trabajo al considerarse un incumplimiento grave. En este supuesto, incluso, se podría aplicar la suspensión de empleo y suelo para el profesional.
Medida pionera en España
La exigencia de vacunación o pruebas semanales contra la covid es una medida pionera en España. Ninguna otra comunidad autónoma la ha planteado hasta el momento. En Francia está desde el mes de septiembre, mientras que países como Alemania, Austria o Grecia la impondrán a partir del 2022.
Los colegios de Enfermería y de Médicos apoyan la medida del Govern
El Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears (Comib) y el Colegio Oficial de Enfermería de Balears (COIBA) anunciaron ayer en sendos comunicados su apoyo a las nuevas medidas aprobadas por el Govern con el fin de controlar el aumento de contagios por covid-19.
El Colegio de Médicos consideró «acertada» la decisión de exigir a los profesionales sanitarios la pauta completa de vacunación o tres pruebas PCR semanales. Añadieron que «el personal sanitario es una referencia al ámbito social y, por tanto, requiere de una conducta y actitud ejemplar».
El Comib estimó justificadas las nuevas medidas, ya que «ayudarán a dar prioridad a la protección de la salud pública así como, especialmente, a la de las personas más vulnerables».
Por su parte, El Colegio de Enfermería consideró necesario y adecuado que los profesionales sanitarios y sociosanitarios se vacunen o deban presentar semanalmente tres pruebas PCR para certificar su estado de salud. «Los profesionales sanitarios tenemos una responsabilidad ante las personas que atendemos, no podemos ser una fuente de contagio», indicó la presidenta del COIBA, Maria José Sastre, quien recordó que «estas medidas están destinadas a proteger a las personas más vulnerables».
Quien criticó la medida fue el presidente del Sindicato Médico de Balears (Simebal), Miguel Lázaro. Al respecto aseguró que «la medida me parece una forma para incentivar la vacunación de este 4,5% de sanitarios que no están vacunados, ya que tiene poco encaje legal en un país como España donde la vacunación no es obligatoria y el trabajo es un derecho fundamental».
Lázaro también apuntó que por los mismos motivos, de igual modo, se deberían exigir pruebas PCR semanales a los sanitarios vacunados, ya que también pueden contagiar de la covid 19 en las consultas.
