Torturas, amenazas, desplazamientos, discriminación e incluso muertes: son algunas de las experiencias que cargan las mochilas de las seis mujeres que se reunieron ayer en el edificio de Sa Riera, en un coloquio para hablar de su intensa lucha por los derechos humanos.
Aunque vienen de regiones y culturas distintas, a todas les une un fuerte vínculo: han pasado por situaciones extremamente duras, y han tenido que huir de su tierra a la fuerza, bajo amenazas y protegidas por un programa de acogida en España. Su delito es luchar por construir una vida digna en sus países. Tres de ellas son de Colombia, dos de México y otra del Sáhara Occidental.
El activismo podría llegar a costarles la vida; de hecho, otras dos mujeres, también convidadas al coloquio en Sa Riera, descartaron acudir para preservar su propia seguridad. Lo que les espera si se exponen al foco mediático solo lo saben sus agresores, pero resulta suficientemente inquietante como para querer permanecer en la sombra.
Parte del programa de acogida en el que participan incluye un plan de movilidad, por el que pasarán una semana en Mallorca antes de volver a sus respectivas ciudades en España. La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la UIB (OCDS) ha aprovechado la oportunidad para darles voz en un espacio seguro para ellas. Así, las activistas compartieron su testimonio, desgarrador a la par que inspirador.
Maria Jackeline Rojas Castañeda es una de ellas. Por el activismo ha visto morir al padre de su hija, a su propio padre y a su hermano. Las pérdidas no han hecho más que avivar su furia contra los crímenes que se cometen en su país, Colombia, un territorio lleno de recursos naturales y pobreza a la vez: «La riqueza de la tierra no se traduce en bienestar para los ciudadanos, sino en miseria y discriminación», asegura.
Es miembro de una organización de derechos humanos, y activista desde hace más de 30 años. Durante su trayectoria ha sufrido más de 40 agresiones, desde amenazas hasta torturas. Nada de esto la ha amedrentado, por lo que continúa inmersa en su lucha desde organizaciones como el Comité de solidaridad con los presos políticos.
Luz Marina Contreras, por su parte, ratifica lo que expone su compañera. También es colombiana, madre de familia y líder sindical en su país. Ha tenido que dejar a los suyos atrás, y se ha convertido en una «víctima de desaparición forzada».
Ella misma explica que es una situación común en su región: «Colombia tiene más de 120.000 personas detenidas desaparecidas. Pero a nadie le importa. Es más fácil hablar de secuestros», lamenta la mujer, que tuvo que ver como uno de sus compañeros en el sindicato fue detenido por las fuerzas paramilitares y dado por desaparecido. Para colmo, según relata, los ex reos en Colombia figuran en una lista negra que les imposibilta trabajar y llevar una vida digna.
Otra de sus compatriotas, Yubitza Rovira Montalvo, licenciada en Ciencias Sociales y miembro del Comité permanente por la defensa de los derechos humanos, encaminó su causa hacia el movimiento estudiantil. Uno de sus propósitos en España es acabar con los prejucios hacia Latinoamérica: «No somos tercermundistas, solo tenemos una cultura diferente».
Rovira acabó en Barranquilla, desde donde libró la guerra en las universidades. El conflicto armado en los campus fue devastador. En su caso, la joven se enfrentó a un juicio por una supuesta agresión a una decena de policías y daños a instalaciones gubernamentales. Entre otras cosas, la acusaban de terrorista.
Poco menos sorprendente es la historia de Jadiyetu El Mohtar Sid, natural del Sáhara Occidental. Abandera la causa de las mujeres saharauis en situación de exilio forzado y acusa a su gobierno de «permitir la invasión de Marruecos».
Sentada a su lado, Susana De la Cruz Ruiz es una referente en la defensa de los derechos del pueblo indígena en México. Pertenece al colectivo de familias víctimas de torturas y desplazados forzados. Con dolor, explica que los indígenas en su país son criminalizados solo por el hecho de serlo. Pasan por amenazas, hostigamiento y asesinatos, y a sus defensores los vinculan con el crimen organizado. «Para los indígenas no hay acceso a la justicia, ni a la educación, ni siquiera a la salud». Preguntada por la fijación del Gobierno contra su colectivo, asegura que responde a una «limpieza social» que pretenden hacer las autoridades mexicanas.
Marusia López Cruz es de su mismo país. Al frente de la Iniciativa Mesoamericana de Defensores (IM-Defensores), dinamizó ayer la sesión y agradeció poder alzar la voz junto a sus compañeras. Y es que, a todas ellas les une algo más que el ímpetu: son mujeres rebeldes y capaces de sembrar el cambio. Y no hay mayor complicidad que esa, la que crea la solidaridad y la comprensión entre mujeres que se rodean de compañeras que trabajan, al fin y al cabo, por un mismo ideal.
