La desescalada ha dado paso a un rebrote de alquileres turísticos ilegales que se concentran en Palma y en Platja de Palma, aunque se extienden por toda la isla. En muchos casos la actividad irregular se perpetúa durante meses e incluso años. A la conselleria de Turismo llegan decenas de denuncias y comunicaciones de ciudadanos que advierten de la oferta ilegal que se comercializa en los portales de referencia, y lamentan que transcurrido el tiempo los infractores continúan con su actividad.
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La actividad irregular se desarrolla al margen de cualquier control sanitario y durante un verano que ha traído una quinta ola. Y en este contexto hay quien alquila no el piso, sino habitaciones. Es el caso de Óscar y María, una pareja que ofrece varias habitaciones de su vivienda por 125 euros la noche en Airbnb, portal fértil en oferta ilegal y que no obliga a los anfitriones a hacer constar el número de licencia de la vivienda, contraviniendo la ley balear.
El alquiler del apartamento, próximo a la plaza de España, da derecho a utilizar cocina, salón, baño y el resto de zonas comunes. Son por tanto grupos de personas de diferentes procedencias que conviven en un piso durante varios días, lo que entraña un evidente riesgo de contagios.
«Baños compartidos»
Palma prohibió el alquiler vacacional en pisos en todo su municipio, por lo que las ilegalidades se concentran en edificios plurifamiliares. Hay decenas de ellos echando un simple vistazo en Airbnb y Vrbo [antes HomeAway], en Ciutat y en el resto de la isla. Como en Inca, donde se alquila una habitación en un piso: «Los baños son compartidos y se deben seguir las normas de convivencia y comportamiento cívico».
También la sobreocupación de viviendas puede convertirse en un foco de contagios, pero algunos infractores esquivan con facilidad la normativa. El pasado octubre un ciudadano denunció a Turismo el caso de Villa Michaela, en Peguera, que cuenta con licencia para un máximo de doce huéspedes y en Vrbo se comercializa para veinte.
Pese a haber sido denunciada en el servicio de inspección de la conselleria, es posible hacer reservas para todo el verano, incluso alquilando apartamentos independientes. Abre así la puerta a mezclar grupos de turistas que compartirán espacios comunes y elevarán el riesgo de contagios.
El servicio de inspección de Turismo cuenta con una plantilla de 23 personas, de los que dieciséis hacen trabajo de calle. Entre 2018 y la primera mitad de 2020 la conselleria impuso sanciones por valor de cuatro millones de euros. La labor inspectora, sin embargo, no impide que haya un elevado grado de impunidad en muchos casos. Como cuatro apartamentos de un edificio plurifamiliar en primera linea de s’Arenal que se arriendan por doscientos euros la noche. Fueron denunciados a Turismo en febrero de 2020, pero este verano han funcionado a pleno rendimiento y tienen reservado casi todo agosto, por lo que el negocio resulta muy lucrativo.
Los anuncia una anfitriona que se hace llamar Elena y que en mayo se hacía llamar María. «Soy una persona que me gusta compartir [sic] y ofrecer mi casa para aquellos que quieren visitar la isla», asegura al tiempo que alquila noventa inmuebles a turistas, la mayoría pisos en el casco antiguo de Palma y en Santa Catalina. En ninguno de ellos consta un número de licencia y los precios no suelen bajar de los doscientos euros la noche.
Del mismo modo, se perpetúa un alquiler ilegal en un piso de El Terreno pese a que los vecinos han denunciado reiteradamente molestias por los ruidos que ocasionan los turistas durante su estancia en la vivienda. La anfitriona, que comercializa el piso en AirBnb y en una agencia inmobiliaria radicada en Mallorca, ha estado bajo la lupa de Turismo, que en su día levantó acta con una propuesta de sanción de 20.000 euros.
La conselleria no informa de cómo transcurre un determinado procedimiento abierto, por lo que se desconoce si llegó a confirmarle la multa. Sea como fuere, tiene agosto lleno al precio de 96 euros la noche, lo que incluye el uso de la piscina comunitaria. La actividad es en todos los casos referidos muy rentable porque, al desarrollarse al margen de la ley, no paga impuestos. Pero en este caso provoca además problemas de convivencia.
Hay anfitriones que, como Carolina, aseguran regirse por la LAU y no ofrecer «ningún tipo de servicios propios ni complementarios del sector turístico», pese a alquilar su piso por 275 euros la noche. Y tiene agosto lleno.
«Quienes infringen la ley son competencia desleal y lo condenamos»
La gerente de la patronal de alquiler turístico de Baleares Habtur, Maria Gibert, expresó su «condena» a la oferta ilegal porque «es competencia desleal y perjudica la imagen pública de la actividad». En todo caso, precisó que no le consta que este verano se haya producido un incremento de alquileres ilegales y de casos de sobreocupación en Mallorca, con el riesgo que implica en plena quinta ola de la pandemia.
«La sobreocupación no es habitual y no nos consta que existan casos porque las multas para esos casos son muy importantes. Viniendo de un año sin casi actividad como 2020, dudamos que la gente se arriesgue a este tipo de prácticas», manifestó Gibert.
En Habtur hay satisfacción por cómo está transcurriendo un verano que debe ser el de la reactivación económica. «A mitad de temporada es difícil dar datos, pero estimamos una ocupación del 90% en casas de campo con piscina, y del 70% en apartamentos», indicó Gibert.
En todo caso, sobre el sector planea la «incertidumbre» por las posibles restricciones a los desplazamientos que puedan llegar desde Alemania y Reino Unido, principales países emisores de turistas.
«Antes de la pandemia era un sector muy estable porque entre enero y marzo estaba casi toda la temporada reservada. La pandemia ha traído una flexibilización, con reservas de última hora y temor a cancelaciones por posibles restricciones», destacó la gerente de Habtur.
Consultada por este periódico, la patronal hotelera FEHM rechazó hacer valoraciones.