Ximo Puig estatuye en entrevista con este diario que «la situación no está para buscar culpables» del macrobrote de coronavirus engendrado en Mallorca por empresarios locales desaprensivos. Sin embargo, las autoridades autonómicas se han ensañado para encontrar culpables o víctimas durante la pandemia. Más de veinte mil multados solo en Balears, cargados con sanciones de cientos de euros por infracciones banales como una mascarilla descolocada.
Puig no debe alarmarse, porque nadie va a buscar a los culpables de la peor estampa turística que se recuerda, con más de un centenar de contagiados en su comunidad valenciana. De hecho, la consellera de Sanidad se ha apresurado a solicitar a Madrid (?) que entable acciones legales. Es decir, el macrobotellón ocurrió en la capital, seguramente auspiciado por Díaz Ayuso.
En la relación de responsables no figura según el Govern ningún empresario local que hacinó a los estudiantes, ningún hotelero de la Playa de Palma que los amontonó como ganado en «habitación múltiple», con discoteca ilegal en el sótano. Y como tampoco existe una oposición que vaya a reprocharlo, el macrobotellón quedará tan impune como la apropiación indebida de vacunas. Ni acciones ni sanciones, eso queda para domesticar a los ciudadanos de a pie.
Por si acaso, del discurso oficial ha desaparecido la mención testicular al «bajo custodia policial» con el que se encerró a los estudiantes, un desplante que podría invertir el sentido de las querellas tras la anulación judicial de una medida desproporcionada, excepto para quienes colocan en pie de igualdad la responsabilidad de un ciudadano de 18 años y de la Administración.
Sumada al coro, Patricia Gómez lamenta la extracción judicial, aunque omite que los contagios que tanto anhelaría haber evitado se produjeron por culpa del encierro «bajo custodia policial», en un hotel sin consistencia sanitaria. Madrid se lleva las culpas y Londres salva a Mallorca, porque Boris Johnson tiene el coraje de asumir las decisiones que adopta.
