La jueza Martina Mora, del juzgado de instrucción número 3 de Palma, acusa al expresidente de la Autoritat Portuària, Juan Gual de Torrella, juntamente con el director de la empresa pública y de otros integrantes de la administración, entre los que incluye a la actual jefa de la Abogacía del Estado, de participar en el amaño de un concurso público para la gestión de los amarres del muelle de Poniente de Maó. La magistrada, que ha levantado el secreto de una de las piezas de una investigación que viene realizando desde hace más de seis meses, se refiere en su resolución a las maniobras, supuestamente delictivas, que se realizaron para adjudicar esta explotación pública a la empresa Marina Asmen. Se trata de una sociedad, creada únicamente para presentarse a este concurso, que aglutina a las cinco principales empresas del sector náutico de Menorca.
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Esta adjudicación se sacó a concurso en julio del año 2017 tras el acuerdo del Consejo de Administración de la Autoritat Portuària. Fueron tres las empresas, según incide el auto judicial, que se presentaron a la adjudicación pública. En mayo de 2018 el Consejo de Administración de la empresa pública acordó que la oferta más beneficiosa era la que presentó la empresa Marina Asmen. Se aprobó con el voto en contra de cuatro de los consejeros: el abogado del Estado, el representante de Puertos del Estado, el vocal de la Administración General del Estado y del capitán marítimo.
En la resolución, la magistrada señala que la adjudicación de esta explotación pública “fue una decisión arbitraria” adoptada por Juan Gual de Torrella y por Juan Carlos Plaza, el director de la Autoritat Portuària. Y señala además que esta adjudicación fue el resultado de un acuerdo previo entre las autoridades políticas de Menorca, junto a los responsables de la asociación Asmén, que decidieron que debía ser una empresa de la isla la que debía encargarse de la explotación de esta instalación náutica.
Para ejecutar este acuerdo político, según incide la magistrada, durante meses, previos a la presentación de la oferta pública, se estuvo trabajando en los pliegos de la oferta, facilitándoles a la empresa ganadora una “información relevante” que no fue pública y, lo peor, que no estaba al alcance de las otras empresas interesadas en presentarse al concurso.
Explica también la magistrada que fueron Gual de Torrella y Plaza los que acordaron con los responsables de la asociación Asmén que crearan esta sociedad Marina Asmen. Este proyecto aglutinaba a las cinco empresa náuticas y de reparación de Maó.
Según se desprende de la investigación de la Guardia Civil, la adjudicación se aprobó gracias a la colaboración de los miembros de la comisión técnica que valoró las ofertas. Afirma la juez que estos funcionarios, todos ellos imputados, valoraron las ofertas de tal modo que buscaron la mayor puntuación para la empresa adjudicataria. Se asegura que el director de la AP les pidió a estos técnicos que amañaran la puntuación. Para ello se introdujeron en la puntuación algunos criterios que no estaban señalados en los pliegos, y se hizo para beneficiar a la empresa Asmen. El presunto amaño se realizó, no solo en la puntuación de los aspectos técnicos de las propuestas, sino también en el apartado económico.
La juez sitúa a la abogada del Estado, Dolores Ripoll, en la trama y asegura que emitió informes jurídicos verbales a favor de la adjudicación, pese a que con ello “se estaba apartando del derecho y de la ley”. Se señala también que Ripoll conocía el amaño de la adjudicación, porque así se lo había indicado el abogado del Estado del Estado que participaba en el Consejo de Administración de la Autoritat Portuària, que había indicado que se estaban valorando conceptos que no se incluían en el pliego de condiciones de la oferta pública. A pesar de ello, la juez acusa a Ripoll de apoyar al presidente Gual de Torrella en su decisión de adjudicar la concesión a la empresa investigada. También explica la resolución que el marido de Ripoll, Federico Martínez Carrasco, realizó en el año 2017 un informe técnico para una de las empresas de Menorca que participaban en la sociedad que se adjudicó el proyecto.
En el aspecto económico la jueza explica que la Autoritat Portuària ha sufrido unas pérdidas de unos 300.000 euros en tasas portuarias, ya que la empresa adjudicataria presentó la oferta económica más baja. Además, Marina Asmen ha estado obteniendo en los últimos años unos ingresos no previstos en los pliegos del concurso y tampoco está desarrollando una función social. La empresa solo protege los intereses económicos de una serie de empresarios del sector.
Únicamente por esta pieza separada, sobre la que ha abierto parcialmente el secreto, están imputadas un total de doce personas, entre las que se incluye los principales responsables de la Autoritat Portuària. La juez ordena que presten declaración sobre esta adjudicación de los amarres de Maó, si bien todavía no ha fijado una fecha para ello.