Los 250 adolescentes confinados «bajo custodia policial» en el hotel Bellver sabían perfectamente a qué venían a Mallorca, pero su comportamiento ha de ser individualizado. Cuesta creer que su inconsciencia merezca el castigo físico y psicológico a que se les está sometiendo. Tampoco cabe subestimar el efecto distancia, otras hubieran sido las medidas de haber afectado a la progenie de prebostes locales.
Los encerrados sanos bajo custodia policial, en una imagen que daña a Mallorca desde el New York Times al Corriere della Sera, no son inocentes pero tampoco culpables. Solo víctimas. Con los jueces sacándose los problemas de encima, sorprende agradablemente que la fiscalía esgrima la falta de justificación y de proporcionalidad de la resolución apresurada de Sanidad, emitida solo cuando se le advirtió que los encerrados no eran ganado.
La fiscalía introduce la duda muy razonable de que se desconoce la estrechez del contacto efectivo, y la vinculación de los no contagiados con los infectados por el coronavirus. A continuación plantea una duda que enlaza con la garantía de que ningún retoño de un político local estaría «bajo custodia policial». Se pregunta el ministerio público por qué no se ha extendido la prisión de baja gradación a trabajadores o clientes distintos de los estudiantes. Y aquí se detiene por desgracia la enumeración.
En un paso más, quizás demasiado ambicioso, la fiscalía hubiera desembocado en el núcleo del problema. Todos los castigados son jóvenes, con el único crimen de haber fantaseado con los paraísos artificiales prometidos por la publicidad del viaje. En cambio, no se encuentra «bajo custodia policial» ni uno solo de los autores de un macrobrotellón que supone el golpe más duro de la historia contra el turismo mallorquín.
La contaminación masiva del turismo de contagios tiene autores perfectamente identificados. Son las agencias que organizan viajes de estudios con imágenes de party boats o de discotecas masivas, sin sombra de mascarilla. Por no hablar de los hoteles que alojan a los jóvenes en «habitaciones múltiples», y que montan discotecas clandestinas en sus sótanos para facilitar los contagios. Se aguarda con trepidación el manifiesto urgente de la Federación Hotelera, mediante el que se expulsa a los asociados exentos de escrúpulos que manchan la imagen del colectivo con mayor fuerza que un periodista. Sin olvidarse por supuesto de los barcos donde se amontonan los testigos de un primer desmadre antes de la arribada a puerto, o de los organizadores de los conciertos con covid gratuito.
Pues bien, ninguno de los agentes de viajes, promotores de conciertos y hoteleros vive hoy bajo el ominoso signo de la «custodia policial». Al revés, pueden preparar las siguientes entregas de los contagios masivos. Tiene razón la fiscalía al asombrarse de la extraña fijación con los alumnos hasta cargarles con la responsabilidad sobre lo ocurrido, cuando una parte de ellos son menores de edad.
Se alegará que, con solo una semana de retraso y tras un fin de semana de relax mientras la isla zozobraba, han reaparecido los altos cargos que dejaron solo a Iago Negueruela al frente del conflicto. Y que, en un alarde de responsabilidad de los poderes que han abdicado durante un escándalo mayúsculo, los revenidos han prometido abultadas multas a los empresarios que no se hallan «bajo custodia policial».
Cabe imaginar la conmoción de los organizadores del atentado turístico contra Mallorca, al enterarse de que iban a ser tibiamente multados mientras sus clientes eran encarcelados. Buena parte de los organizadores ya se han disuelto, otros no serán nunca localizados, los hoteleros de linaje equino son tan íntimos del Consolat que es fácil imaginar el desenlace sancionador. Las actuaciones se recurrirán y nunca serán abonadas, los adolescentes acarrearán el trauma y alguien pensará que la mayor multa debió recaer sobre las autoridades, que por lo visto desconocían el término «viaje de estudios».
