La fiscalía Anticorrupción de Balears, encabezada por Juan Carrau, se dedica ahora a salir en defensa de un condenado del caso Cursach. Se trata de un individuo rumano, llamado Florian Pusccasiu, que hace tres años fue juzgado y declarado culpable de la agresión a uno de los testigos protegidos del caso. La agresión la sufrió el testigo 29, que una noche fue asaltado cuando regresaba a su casa. En el garaje del domicilio y cuando iba a acceder a su casa fue abordado por dos individuos que le hablaron en rumano. Lo arrastraron por el suelo y le agredieron. Después se marcharon del lugar, no sin antes amenazarle.
El fiscal Carrau ha decidido dar más credibilidad y valor a un informe elaborado por la Policía Judicial, escrito por los inspectores conocidos como «Los Juanes», que a la decisión adoptada por los jueces, que dieron más valor a la versión del testigo 29, que a la del acusado. Informes policiales que se han elaborado a lo largo de más de dos años de exclusivo trabajo, con el único objetivo de desmontar toda la investigación del caso Cursach y acusando a sus responsables de graves delitos, como por ejemplo el de crear un grupo criminal para perseguir al poderoso empresario. Sin embargo, esta nueva versión de los hechos que sostiene ahora la Policía no ha convencido al presidente del TSJB, que no se ha creído las acusaciones de «Los Juanes» y ha rechazado la mayoría de sus informes. Sin embargo, esta versión policial al único a quien sí parece que ha convencido es al fiscal Carrau, quien precisamente no intervino en el juicio contra Florian Puscasiu. Sí lo hicieron dos de sus compañeros, Miguel Ángel Subirán y Ana Lamas, que solicitaron, y consiguieron, la condena del acusado por agredir al testigo.
El fiscal Anticorrupción de Balears apoyó el indulto que solicitó la defensa del acusado, a pesar de que éste ni había pedido perdón a la víctima, ni tampoco había pagado la indemnización que fijó la sentencia, requisitos que son obligatorios para que se acepte esta medida de gracia. Carrau tardó casi un año en pronunciarse sobre el indulto de Florian Puscasiu quien, además, contaba con una condena anterior, todavía por cumplir, sobre la agresión sexual cometida sobre una mujer.
Pero la estrategia del fiscal Juan Carrau ha fracasado. Su informe no era vinculante y el Gobierno no lo ha tenido en cuenta. El Ejecutivo, en una decisión acordada el pasado día 11 de mayo, denegó esta medida de gracia, al entender que no se daban las condiciones para aplicar el indulto a este ciudadano rumano. Por tanto, al acusado no le queda más remedio que ingresar en prisión y cumplir las dos sentencias dictadas en su contra. Sin embargo, el individuo ya no se encuentra en Mallorca.
Florian Puscasiu siempre ha negado que fuera él quien agrediera al testigo 29. Presentó varios testigos para que confirmaran su coartada. Dijo que la noche de los hechos estuvo en su casa, acompañado por su hermano y por otros dos compatriotas que vivían con él. Ni el juez Penalva, ni tampoco el fiscal Subirán, se creyeron nunca esta versión y se advirtió a los testigos que podrían terminar en la cárcel si se demostraba que estaban mintiendo. Sin embargo, esta advertencia no les asustó e insistieron en confirmar la versión de Florian.
Pero esta coartada fue desmontada por completo durante el juicio. La acusación aportó un informe policial sobre la ubicación de los teléfonos móviles de los testigos, que demostraba que el día de los hechos no estaban en el piso donde vivían. Además, también declaró una vecina del edificio donde ocurrió la agresión que dijo que al día siguiente de los hechos vio a Florian merodeando por la zona y lo recordaba porque se fijó en su característica nariz. La jueza que presidió el juicio lo tuvo muy claro y condenó al acusado a tres años y dos meses de prisión. Sin embargo, los inspectores de Policía, que no asistieron al juicio, dos años después afirmaron en un informe oficial que el testigo 29 se había inventado la agresión y que había sido capaz de engañar a la jueza. Dijeron que esa noche no estaba en su casa cuando llamó a la Policía denunciando la agresión. Sin embargo, un contrainforme demostró que el teléfono estaba conectado al wiffi del domicilio. Lo cierto es que no solo fue la jueza de lo Penal quien tuvo claro que el acusado era culpable, sino que también lo tuvo la Audiencia de Palma y el Tribunal Supremo. Y aún así el fiscal ha apoyado el indulto del condenado por el caso Cursach.
