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La fiscalía quiere que los exdirectivos de Sa Nostra vayan a prisión

Acusan a Pere Batle, Pau Dolç y Pere Batle de apropiación indebida

El juicio contra las presuntas irregularidades cometidas por los exdirectivos de Sa Nostra, que están acusados de llevar a la caja de ahorros a la ruina económica, afronta sus últimas horas clave. El tribunal escuchó esta mañana la declaración de los últimos peritos que han analizado y estudiado todos los detalles de la financiación millonaria que se otorgó al fallecido empresario Martín Gual, para la financiación de la compra del solar de Son Bordoy. Peritos que han confirmado la idea inicial de las cuatro acusaciones presentes en el juicio, que ratificaron su intención de que Pere Batle, Pau Dolç y Rafael Oliver, así como Alberto Collado, exdirectivo del grupo Martín Gual, terminen ingresando en prisión por un delito de apropiación indebida. Así lo anunció ayer la fiscalía Anticorrupción, la abogacía del Estado, el letrado de Bankia y la representación del Sareb, que coinciden en que detrás de esta operación de financiación se cometió este grave delito por responsabilidad e implicación directa de los cuatro acusados. Las acusaciones piden penas de cuatro años de cárcel para cada exejecutivo.

Las defensas, en cambio, rechazan estas conclusiones de las acusaciones y anunciaron que van a luchar por conseguir la absolución de sus clientes.

El tribunal ha aplazado la presentación de los informes hasta el próximo día 16. No se calcula que sea suficiente un único día, por lo que se ha reservado al menos dos fechas para que los letrados defiendan sus conclusiones.

El tribunal de la Audiencia Nacional deberá decidir si la decisión de financiar la compra, por parte de Martín Gual, de los terrenos de Son Bordoy fue un intento de salvar la caja de ahorros en un momento de plena crisis en el sector inmobiliario, o se trató de una operación de maquillaje para tapar la mala situación económica que venía atravesando Sa Nostra.

La mayor parte de los expertos que han declarado en el juicio han sido muy duros con los antiguos directivos de la caja de ahorros, a los que acusan de haber encabezado esta operación, a pesar del criterio en contra del comité de riesgos de Sa Nostra que señalaba la falta de liquidez de Martín Gual. A este empresario se le concedió distintos préstamos por valor de casi 70 millones de euros para adquirir un solar rústico. Si bien es cierto que Gual logró un cambio urbanístico del terreno y tenía previsto un proyecto de construcción, entró en quiebra y no pagó ni el principal del préstamo, ni tampoco un solo euro de intereses. Los peritos mantienen que se prestó a este constructor mucho más dinero del valor real de los terrenos y que a cambio de que Gual aceptara entrar en esta operación, se le tuvo que comprar su participación en otras empresas que también acumulaban créditos con Sa Nostra.

Las defensas tienen previsto defender la bondad de esta operación. Los ejecutivos sostuvieron que las empresas que tenían estos terrenos, ambas en grave crisis económica, estaban a punto de perder los solares y por tanto no podrían devolver el crédito que tenían con Sa Nostra. Por ello, se acordó buscar un profesional del sector de la construcción mucho más solvente, como era Martín Gual, que logró la recalificación urbanística de los terrenos. Por causas ajenas a la entidad finalmente no se pudo llevar a cabo la construcción de las casi 700 viviendas que fueron aprobadas. 

Desvio de fondos

Si bien inicialmente el préstamo que recibió Martín Gual, de casi 70 millones de euros, era para financiar la compra de los terrenos de Son Bordoy, a través de la subrogación de los créditos concedidos también con Sa Nostra, lo cierto es que no todo el dinero recibido se dedicó a este proyecto. Los analistas económicos han observado que parte de las cantidades se transfirieron entre diferentes empresas que manejaba el desaparecido constructor, que nada tenían que ver con el proyecto de Son Bordoy.

Los peritos de Hacienda que han analizado estos movimientos económicos cuestionaron esta mañana en el juicio estas operaciones, porque lo que representó es que, al final, Sa Nostra asumía un mayor riesgo, dado que el dinero que había cedido a Martín Gual para comprar la finca del Molinar se utilizaba para lograr una mayor liquidez a las otras sociedades del empresario, mediante la compra de sus activos. Estas operaciones de compra de terrenos se maquillaban como préstamos de una sociedad a otra, pero no con dinero propio de Gual, sino con el que había recibido prestado de Sa Nostra. Los inspectores explicaron que de esta forma se logra, mediante este crédito, salvar al menos a una sociedad del grupo, mientras que la otra empresa que presta el dinero asume todo el riesgo en caso de quiebra, como así fue. 

Un auditor de cuentas que declaró en el juicio, así como un perito de la defensa, discreparon en la conclusión de la Agencia Tributaria. Consideran que estas maniobras responden a lo que se conoce como una caja centralizada de una empresa que maneja varias sociedades a la vez y que es muy habitual que se produzcan estos traspasos de fondos. De hecho, insistieron que estas maniobras no son ilegales.

Hacienda, en cambio, sí cuestiona la legalidad, pues en este tipo de operaciones es el empresario el que decide el precio de la venta de los activos, en este caso terrenos, sin tener en cuenta el valor real de los terrenos. En este caso, la empresa Aras, que pertenecía a Gual, compró una casa en un terreno rústico por un precio sobrevalorado, mediante el dinero recibido de Sa Nostra.

La defensa también cuestiona las afirmaciones de Hacienda. 

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