Nueva reforma educativa envuelta en polémica. La LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, se aprobó con el objetivo de potenciar la enseñanza pública y las competencias de los alumnos, al mismo tiempo que impulsar la Formación Profesional. Sin embargo, la eliminación del castellano como lengua vehicular, el segundo plano de la concertada o la integración de alumnos de centros especiales en las escuelas han generado una polémica entre los ciudadanos que han recogido PP y Vox con recursos ante el Constitucional.
«Las leyes educativas deberían perdurar en el tiempo, y el hecho de que el Partido Popular la presente ante el Tribunal Constitucional significa que es una reforma con fecha de caducidad». La Ley Celaá vuelve a estar en el punto de mira del ámbito educativo una vez que el pasado lunes el PP presentara un recurso de inconstitucionalidad por considerarla como «un ataque a la libertad de los padres». Entre los apartados más controvertidos de esta nueva modificación pedagógica se encuentran el papel que jugarán los centros concertados, la eliminación del castellano como lengua vehicular o la educación especial.
Un conjunto de medidas que ha generado polémica entre las familias y los propios profesionales de la enseñanza en las islas. «Es una ley que no nace del diálogo y consenso con la comunidad educativa», asegura Llúcia Salleras, docente y secretaria general de Escola Catòlica de Baleares. Sin embargo, desde el punto de vista de Albert Lobo, presidente de la Federación de Padres y Madres de alumnos de Mallorca (FAPA), la ley representa un paso adelante en la enseñanza: «Se han recuperado elementos que eliminó la ley anterior como el poder de decisión del Consejo Escolar, que es el órgano donde las familias podemos aportar nuestra visión. También apuesta por la Formación Profesional como un sector clave cuando hasta ahora había quedado relegado a un segundo plano». La Ley Celaá no incluye al castellano como lengua vehicular en la enseñanza, punto que ha provocado gran crispación política entre los diferentes partidos.
"La libertad de elección de centro genera desigualdades entre los alumnos"
Política Lingüística
Para Bernat Sureda, especialista en política educativa y catedrático de Pedagogía en la UIB, esta no es una modificación que afecte a Baleares y responde más a una lucha partidista: «El Estatuto de Autonomía de las islas establece que los alumnos deben dominar ambas lenguas al finalizar el proceso de escolarización. Es una idea sobre la que existe consenso entre los diferentes centros pero los políticos lo han enfocado desde una cuestión partidista. Al final la educación se está convirtiendo en un instrumento de lucha ideológica».
En relación a la política lingüística, hay docentes que consideran que lo ideal sería que cada centro pudiera decidir en función del contexto en el que se encuentren. Así lo entiende Ismael Alonso, secretario general de USO, principal sindicato de la escuela concertada: «No es lo mismo un centro en una barriada con muchos castellanoparlantes que otro donde haya más personas que dominen el catalán. Está claro que hay que garantizar el dominio de ambos idiomas, pero adaptando su enseñanza en función de los alumnos que tengan».
"Es una ley que no nace del consenso ni del diálogo de la comunidad educativa"
El papel de la concertada
El espacio que ocuparán las escuelas concertadas ha sido uno de los ejes fundamentales en las críticas hacia esta nueva ley. Por un lado, se establece que tanto centros públicos como privados no podrán percibir cantidades económicas de las familias a través de las fundaciones o asociaciones. Pero la gran diferencia es que esta reforma priorizará la educación de titularidad pública en relación a las plazas de matriculación. Un hecho que ha provocado grandes manifestaciones de los centros concertados por toda España. Es lo que ellos consideran como «un ataque a la libertad de elección», tal y como sostiene Llucía Salleras: «Lo hemos llevado a la Comisión Europea porque es una ley que atenta contra la libertad de las familias. Las plazas que se crearán serán de titulación pública y las concertadas quedaremos a merced de lo que decida la Conselleria de turno».
Un argumento que comparte Ismael Alonso, representante de las concertadas: «La Administración podrá decidir de forma unilateral cuál es la prioridad educativa y podría provocar que tu hijo se viera obligado a cambiarse de centro». En cambio, para Albert Lobo, presidente de la FAPA, la potestad de elegir centro por parte de los padres no es conveniente para el buen funcionamiento del sistema educativo: «La libertad de elección crea desigualdades entre los alumnos. Al final el futuro de tu hijo no puede depender de que vaya a un centro u otro, lo primordial es que pueda tener las mismas posibilidades en cualquier escuela». Asimismo, Bernat Sureda explica que el derecho a decidir no se recoge en ningún texto legal: «La Constitución admite a los centros privados y que estos puedan recibir financiación pública, pero en ningún momento explica que los padres podrán elegir el centro que ellos quieran. No puede ser prioritario en el sistema».
"Se ha intentado mercantilizar a la escuela concertada, tratándola como elitista"
Educación especial
Por otro lado, también se introducen modificaciones respecto a los centros de educación especial. El objetivo es, según la normativa, incorporar en la medida de lo posible a este tipo de alumnos a las escuelas ordinarias y que los centros de educación especial sirvan como una especie de apoyo. Desde el punto de vista de Salleras, es un elemento positivo si se dotan los recursos necesarios. «Creemos en la integración, es bueno que puedan formar parte del mismo centro, pero para conseguir algo así es fundamental aportar los recursos a los colegios. También es cierto que en algunos casos, los centros de educación especial no se pueden sustituir», advierte.
Desde otro punto de vista, Ismael Alonso considera que es muy complicado que los centros puedan estar pendientes de las necesidades de estos niños: «En una clase de 30 alumnos no se les puede brindar la atención que necesitan. Además, en estos casos los docentes deben ser especializados en este ámbito».
"La escuela no es una continuidad de la vida familiar, es un espacio para reflexionar"
La religión como asignatura
Por último, la religión seguirá ofertándose pero su nota no tendrá validez en el currículum de los alumnos ni contará para acceder a becas. Algo con lo que está de acuerdo Albert Lobo: «Las familias tienen la libertad de educar a sus hijos en su casa según sus creencias o ideologías y la religión no tiene por qué ser obligatoria en el sistema educativo». Sin embargo, Llúcia Salleras afirma que existe un acuerdo entre Educación e Iglesia que se debe cumplir: «Es un tratado internacional entre la Iglesia y el Estado por el cual la religión debe seguir siendo asignatura curricular. Yo defiendo que no sea obligatoria, pero para los que la elijan tiene que contar para nota». La aprobación de la Ley Celaá ha generado un gran impacto y ha abierto debates internos entre los profesores, padres y centros públicos y concertados. Una reforma educativa cuyos cambios son más relevantes a nivel ideológico que no dentro del ámbito educativo, concluye el catedrático Bernat Sureda: «La estructura sigue siendo la misma, los cambios son intrascendentes. Lo que cambia son elementos ideológicos que sirven para los discursos políticos, pero a la educación no la transforman las leyes, sino los profesores».
Promoción de curso con asignaturas suspensas
La Ley Celaá también contempla que los alumnos puedan superar los cursos con materias suspensas siempre y cuando los docentes consideren que, a pesar de ello, podrán seguir con éxito el siguiente año. La repetición se considerará como un elemento excepcional, un hecho que desprestigia el esfuerzo de los estudiantes, según Ismael Alonso: «Hay que elegir qué tipo de educación queremos, si valoramos el trabajo o no. No les hacemos ningún favor si les regalamos el aprobado y que pasen de curso sin unos mínimos». Por otro lado, Albert Lobo defiende que la repetición no es la fórmula para motivar a los estudiantes: «Es un elemento penalizador que realmente no sirve para que el máximo número de alumnos consiga la titulación obligatoria».
