El artículo 47 de la Constitución no solo establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», sino que insta a los «poderes públicos» que «establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
Después de décadas de traición a este precepto en toda España, el Govern ha terciado en el duelo de la Constitución contra la especulación, dictando las «normas pertinentes» para atajar la preponderancia especulativa. Sorprende que eminentes constitucionalistas como Biel Company o José Ramón Bauzá ardan en denuncias de chavismo bolivariano, cuando se aplica su texto sagrado al pie de la letra.
Hacer justo lo contrario que el Govern de Bauzá y Company es un excelente programa político, aunque el expresident es un temible jurista y ya se encargará el Tribunal Superior de darle la razón selectiva, como hiciera al autorizarle a cobrar a la vez de Baleares y de su farmacia. Antes de que llegue la sentencia, es obligado celebrar el alfileretazo a los fondos buitres, que no a los pequeños propietarios de menos de diez viviendas.
El impacto estatal de la expropiación ha competido en impacto con la prohibición del alquiler turístico en Palma a cargo del alcalde Antoni Noguera, y ha superado a la decisión de la Generalitat catalana de rebajar a la mitad los alquileres de locales comerciales afectados por la pandemia. El mayor defecto del proyecto del Govern es su dimensión escueta de plan piloto. De ahí la denuncia de Ciudadanos por «cosmético», la prueba de que hubo una derecha inteligente. Las 56 viviendas no alivian ni un uno por cien de la lista oficial, a su vez irreal.
Los terratenientes opuestos por principio han de explicar por qué en el paraíso de las Bermudas no se autoriza la compra de extranjeros, antes de que todos los residentes tengan casa garantizada. También pueden preguntar a sus hijos que no logran independizarse. En cuanto a la propuesta de que «hace falta inversión en vivienda» de Company, es imprescindible sobrecargar Baleares para mejor incubar las nuevas pandemias.
Siete años a cuatrocientos euros mensuales garantizados por un piso vacío, y en medio de la incertidumbre pandémica, no es un robo. Sin embargo, y al igual que en la ecotasa, se trata de demostrar quién manda aquí. Por ello, y antes de que al PSOE le entre el pánico, sus socios harán bien en recordarle que el problema de este Govern no es lo que hace, sino lo que deja de hacer.
