El suscriptor telefonea a su periódico de toda la vida con una reclamación urgente, dónde diablos están hoy los datos de nuevos contagios, casos activos, tasa de positividad, hospitalizaciones y fallecidos por el coronavirus en Balears. Este arsenal ha constituido una parte indispensable de su menú informativo durante un año. Por fortuna, la tabla figuraba en una página par, tal vez no suficientemente señalizada.
La primera ley del periodismo establecía que, si se desea que una pieza no sea leída y cause un impacto nulo, basta con inundarla de datos numéricos. Esta tradición se ha invertido, y el coronavirus ha contagiado la fiebre por la estadística a toda Mallorca. Se discuten los gráficos, se examinan las tablas, se escruta la distribución territorial de la pandemia.
La pasión por el seguimiento al detalle de los datos de nuevos contagios, ingresos o índice de positividad ha obligado a los políticos y expertos a incrementar el contenido numérico de sus discursos. Los miembros del Govern afrontan sudorosos las comparecencias, traducidas en un desfile inacabable de cifras. No es descabellado teorizar que la portavoz, Pilar Costa, sucumbe abrumada por el nivel de precisión contable instalado desde el pasado marzo.
Para alivio de los políticos, pronto descubrieron que los datos admiten un retorcimiento tan solapado como las palabras. Uno de los ejemplos más claros y en apariencia anodinos se ha producido esta semana. Recurriendo a la artimaña matemática de golpear con la fuerza bruta de los números, la consellera Fina Santiago comunicó que los doscientos informadores desplegados por su departamento de Asuntos Sociales han corregido 2.078 incumplimientos en mes y medio.
Los informadores detectan cada cuatro días un incumplimiento, que cuesta 300 euros al contribuyente
Centenares de vigilantes, miles de incumplimientos, una actividad frenética. Hasta que se recurre a las prosaicas divisiones. Cada informador ha percibido una decena de incumplimientos en mes y medio, cuando a cualquier ciudadano le basta una mañana de paseo por Palma para detectar un número superior de infracciones.
Expresado con otra proporción numérica, los integrantes de ese ejército de profesionales divisan un comportamiento inapropiado cada cuatro días. Y en una traslación monetaria lógicamente aproximada, la detección de un mallorquín con la mascarilla bajada le sale al contribuyente por unos trescientos euros. Seguramente habría formas menos discutibles de invertir ese dinero público. Todo ello aderezado con la estadística colateral de que más de la mitad de las infracciones se producen por las mañanas. ¿No será porque coincide con el horario en que se despliega a los informadores?
La adicción estadística mallorquina ofrece perspectivas más consoladoras para el Govern y el ubicuo IMAS. Por ejemplo, impresiona la sincronía en el retroceso de la tercera oleada del coronavirus en todo el mundo. Países dispares muestran un alivio hospitalario idéntico al registrado en Balears. Este paralelismo, sobre todo en Occidente, se extiende a categorías como la afectación de las residencias de ancianos. Más del treinta por ciento de los fallecimientos por la covid se produjeron en dichos establecimientos. ¿Y en Balears? Un 32 por ciento. Este comportamiento homogéneo es crucial a la hora de determinar el peso relativo de las restricciones.
Las estadísticas dan seguridad. Después de un año de pesadilla para los ancianos ingresados, vivir en una residencia mallorquina es más seguro desde la perspectiva del coronavirus que estar fuera de ella. Es superfluo añadir que este cambio de tendencia se debe a la vacunación. El descubrimiento de la causa no ahorra el asombro ante la nueva situación. En especial si se recuerda que ha habido meses, tales que septiembre y octubre, en que los centros de la tercera edad recogían la mitad de los fallecimientos totales asignados a la covid. En buena parte de casos, sin ingreso hospitalario previo.
Ha habido meses, septiembre y octubre, en que las residencias registran la mitad de fallecimientos
Frente a la verdad que anida en los grandes números, políticos y epidemiólogos han recurrido arteramente a la doctrina del caso particular. Los dos centenares largos de fallecimientos en residencias de Balears no solo apuntan a la concentración en esos establecimientos, sino también a un ensañamiento del coronavirus con los segmentos de edad avanzada. Claro que en Mallorca se contrapone de inmediato el ejemplo de la joven madre de 25 años fallecida en Son Espases. Un drama individual, pero que apenas corrige la distribución por edades de las 709 defunciones.
Las estadísticas se inscriben en gráficos de evolución de la pandemia con el tiempo, que han funcionado como un electrocardiograma social. Los siete muertos diarios allí reflejados, por dos veces en una semana, riman con un exceso de 2.500 fallecimientos anuales sobre los esperados, una catástrofe sanitaria. Pese a la mejoría, enero y febrero anotan dos meses consecutivos con una media por encima del centenar de defunciones.
Al familiarizarse con los números, los políticos recurrieron a la artificiosa distinción por islas, siempre habrá una entre cuatro de la que se pueda presumir. El semáforo enterrado hubiera concedido autonomía numérica a los ciudadanos, de ahí su supresión para revestir las restricciones de factores esotéricos.
Los sectores económicos no desmerecen en arbitrariedad. Bares y restaurantes denuncian que en sus locales solo se produce un tres por ciento de contagios, el sector turístico presume de una incidencia asociada en decimales. En realidad, y según publicó este periódico durante la primera ola, la inmensa mayoría de casos nunca son rastreados hasta un origen satisfactorio. El caos se extiende a los datos económicos, donde la palabra hundimiento describe con mayor exactitud a Mallorca que los intentos caprichosos de evaluar el retroceso del PIB. Otra sigla antes maldita y ahora reverenciada.
