Una jueza de Palma ha condenado a un banco al pago de las costas de un proceso judicial, porque no quiso negociar con un cliente el pago de 253 euros, pese a que después aceptó esta reclamación económica ante la demanda que se presentó en el juzgado. Esta negativa le ha supuesto un duro revés a la entidad, no por la cuantía, sino porque derriba la estrategia para evitar el pago de los abusos en las hipotecas que se otorgaban. Al no aceptar inicialmente la reclamación del cliente, que pedía que se le devolviera una cantidad casi irrisoria para un banco como son 253 euros, ahora tendrá que abonar el pago de más de 2.000 por las costas del proceso, un dinero que servirá para pagar el trabajo del abogado y del procurador. La jueza de Palma se adelantó incluso al Tribunal Supremo, que hace pocos días también condenó a un banco al pago de las costas en un proceso muy similar.
Son muchas las entidades bancarias que se han negado a negociar con sus clientes la devolución de las llamadas cláusulas abusivas, a pesar de la amplia jurisprudencia, marcada por una sentencia del tribunal europeo, que anulaba estas condiciones. Tras esta sentencia los clientes podían reclamar por las llamadas cláusulas suelo, ya que habían pagado de más porque las condiciones de su hipoteca les impedía aprovecharse de la bajada de los intereses. La situación empeoró para los bancos cuando tiempo después los tribunales también declararon que debían devolver el coste de los gastos generados en la tramitación de una hipoteca, como podía ser la inscripción registral, o la intervención de la gestoría.
Estas dos sentencias a favor de los consumidores provocaron que muchos clientes reclamaran este dinero que habían pagado de más, hasta el extremo de que se tuvieron que constituir juzgados especializados para resolver estas demandas.
El caso por el que se ha pronunciado la magistrada Carmen Ordóñez, se refiere a una reclamación que presentó la abogada Margarita Rivero, que antes de presentar la demanda planteó una reclamación directamente al banco, para evitar precisamente la necesidad de acudir a los tribunales. Pese a que no existe ninguna duda legal de que los bancos son los que tienen que devolver el dinero que pagaron los clientes que tramitaron una hipoteca por los aranceles registrales y por la gestoría, en este caso la entidad financiera se negó a aceptar la reclamación que le pedían. El cliente no tuvo más remedio que presentar una demanda para reclamar el derecho que le correspondía. Esta demanda tuvo que tramitarse, con la intervención de abogado y procurador, y el juzgado fijó una fecha para celebrar el juicio, a pesar de que solo se reclamaban 253 euros, que para un banco es una cantidad insignificante. El día del juicio el abogado de la entidad decidió allanarse a la demanda, es decir, aceptó el pago de la reclamación económica que le pedían, sin la necesidad de que se celebrara la vista. La aceptación de la demanda no evitó que la magistrada tuviera que pronunciarse sobre el asunto, sin entrar en el objeto de la demanda, sino sobre todo en el tema del pago de las costas del proceso. La magistrada ha tenido muy en cuenta la actitud mantenida por el banco, debido a que no quiso atender el pago de los gastos de la hipoteca que le reclamaba el cliente.
Táctica habitual
Expertos en este tipo de asuntos con entidades financieras han explicado que es muy habitual que los bancos se opongan a aceptar estas reclamaciones extrajudiciales, a pesar de que en estos momentos no hay ninguna duda legal de que los gastos de la tramitación de una hipoteca los tiene que asumir la entidad que presta el dinero. Sin embargo, muchos bancos, según estos expertos, juegan con la baza de que si se trata de cantidades pequeñas, como este caso, el cliente renunciará a reclamar el dinero en el juzgado, ya que ello le supone contratar a un abogado y a un procurador. En este caso, al banco le ha costado casi diez veces más esta demanda que el dinero que le pedían antes de acudir al juzgado.
