El Govern ratificó ayer el convenio económico que mantiene con la Fundación IRES, que es la que presta el servicio social que se ofrece a las personas que se han visto implicadas en un proceso judicial y que acuden en busca de ayuda. Esta firma del convenio se realizó ayer en presencia del presidente del TSJB, Carlos Gómez, que actuó como anfitrión de la consellera Fina Santiago y de la directora de esta fundación, Aina Capellà. Con esta firma el Govern se compromete a abonar una subvención de 225.000 euros para mantener este servicio social que desde hace 34 años está funcionando en los juzgados. Inicialmente, solo actuaba en el juzgado de Palma, pero ahora lo hace en todos los territorios judiciales de Balears.

Carlos Gómez reiteró la importancia de este servicio social. Explicó que los jueces se podrían limitar a cumplir con la ley cuando están enfrente de una persona detenida por un delito. Sin embargo, lo que se pretende es ayudar a esta persona y buscar las razones por las que le ha llevado a cometer un delito. Por ello, se pide la colaboración de este equipo de asistentes sociales que trabaja en los juzgados, para que se actúe sobre esta persona, se busque el origen de sus problemas y se intente buscar una solución para que pueda reorientar su situación. Para ello los asistentes sociales, según explicó la directora de la Fundación IRES, Aina Capellà, realizan un estudio personalizado de cada usuario, incluyendo también un análisis de su entorno familiar y social. Una vez realizado el diagnóstico del usuario se le deriva a otros servicios para que puedan desarrollar un programa específico. El servicio social del juzgado mantiene siempre un seguimiento de este programa, ya que también se debe dar cuenta al juzgado. De hecho, es habitual que sea el propio juez el que reclama esta asistencia de ayuda al delincuente, para que disponga de un apoyo social que le permita superar este problema.

Aina Capellà explicó que es básica la motivación del propio usuario, ya que si esta persona no se implica en el proceso de asistencia social, es imposible ayudarle. Detalló también que desde que se puso en marcha este programa de asistencia social en los juzgados el perfil del usuario ha cambiado. Al principio, se solía atender sobre todo a personas que cometían un delito por problemas de adicción a las drogas y se les buscaba programas para rehabilitarse. Sin embargo, con el paso de los años este perfil ha ido cambiando y ahora el usuario es muy variado, desde la persona que sufre episodios de violencia familiar o el que se ha visto implicado en una grave crisis económica y tiene problemas para poder mantener a su familia. Capellà explicó que cualquier ciudadano puede acudir en ayuda de este servicio social. Solo se le exige que esté implicado en algún procedimiento judicial, no solo como imputado, sino también como denunciante o víctima.

Hasta hace cuatro años este programa de asistencia social en los juzgados se subvencionaba con los fondos que proporcionaban distintas instituciones. Sin embargo, ahora es el Govern, a través de la conselleria de Afers Social, el que asume todo el coste del programa, porque se considera que la atención social a personas que se han visto implicadas en un proceso judicial es un servicio primordial. Por esta razón, cada año se firma la ampliación de este acuerdo de colaboración entre la fundación y el Govern balear.

Servicio específico

La consellera Fina Santiago incidió ayer en la importancia de esta asistencia social que se presta dentro de la organización judicial. Explicó que se trata de un trabajo específico y especializado, que atiende a diferentes perfiles, con problemas distintos. Recordó que la memoria del pasado año señalaba que se atendía a una media anual de unas 1.100 personas. Pero además también se actúa sobre las familias de estos usuarios, porque muchas veces se descubre que el problema se centra precisamente en este ambiente familiar. Santiago reiteró la dificultad que representa esta labor social con estas personas que se han visto implicadas en un proceso judicial, ya que cada usuario tiene una problemática distinta, que precisa un tratamiento específico para cada caso. Por ello el Govern apuesta por continuar apoyando este proyecto.