La Sindicatura de Cuentas ha detectado que el 42,1% de las entidades locales, consells, ayuntamientos y mancomunidades, no remitieron en plazo la información del ejercicio de 2018. Ayer se entregó al Parlament el Informe 178/2020 sobre los reparos de la Intervención y los reconocimientos extrajudiciales de crédito del ejercicio 2018, que el Consejo de la Sindicatura aprobó en noviembre de 2020.
Se trata de un informe de carácter específico que se ha realizado junto con el Tribunal de Cuentas. De las conclusiones de este informe, la Sindicatura destaca que, a 31 de diciembre de 2019, todos los órganos interventores de las entidades locales habían cumplido la obligación de remitir la información de 2018.
Además, el 46,1% presentó un certificado negativo y el 52,9% no dispone de una persona que ocupe el puesto de la Intervención que tenga habilitación nacional. Estos funcionarios deben controlar una media de 9,6 millones de euros, aunque el Ayuntamiento de Palma destaca con una ratio de 121,8 millones.
Del informe también se concluye que los órganos de gobierno de los ayuntamientos son los que adoptan más resoluciones con el resultado desfavorable del órgano interventor.
Además, el 52,1% de las entidades locales de Balears ha aprobado expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) y se han aprobado 729 expedientes de REC por un importe total de 40,5 millones de euros.
Las recomendaciones del informe de la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas versan sobre el sistema de control interno, el entorno de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación, la supervisión y el seguimiento, así como a la tramitación de procedimientos de REC.
