«Me han arrancado todo lo que me han querido arrancar y cobrado todo lo que me han querido cobrar. 30.000 euros que ya he soltado. He pasado hambre por pagar a Dentix y ahora no consigo que me devuelvan una cantidad que me deben», declara desesperada Concepción González frente a la clínica de la calle Alexandre Rosselló de Palma, la única que mantiene un hilo de actividad en Mallorca, donde ayer se concentraron cientos de personas para presentar reclamaciones a la empresa o saber cuándo podrán retomar el tratamiento por el que suscribieron un crédito al consumo con una entidad bancaria que sigue pasando recibos al cobro cada mes.
Frente a la clínica había ayer pacientes abandonados con una historia común y un problema de salud. Un tratamiento a medias o no iniciado y un crédito suscrito para pagarlo de 5.000, 6.000 o 30.000 euros, como en el caso de Concepción, que tuvo que suscribir dos créditos a la vez con su sueldo de pensionista.
«El Colegio de Dentistas de Baleares solo tiene competencias sobre los profesionales colegiados y Dentix es una sociedad», explica el odontólogo y técnico del colegio profesional de las islas Pedro Palmer. «Hemos pedido al Gobierno una reforma de la ley de sociedades profesionales para que al frente de las mismas sea obligatorio que haya profesionales colegiados, porque el actual texto tiene flaquezas y permite que empresas como Dentix se registren como sociedades instrumentales», denuncia. «Lo único que podemos hacer, como las asociaciones de consumidores, es informar a los pacientes de sus derechos frente a la quiebra de la empresa».
Sin embargo, mientras no haya una resolución judicial sobre el concurso y Dentix mantenga un mínimo de actividad, con el 65% de la plantilla sometida a un ERTE, los cientos de pacientes afectados por la quiebra seguirán en un limbo, sin poder retomar sus tratamientos, que continuamente son pospuestos, y obligados a seguir pagando los créditos que suscribieron. La conselleria de Consumo del Govern ha recibido 254 denuncias por mala praxis; la asociación de consumidores de Balears, Consubal, otras cuarenta ,y ayer puso en marcha una plataforma para reunir a todos los afectados. También lo hizo Facua, que como Consubal está asesorando y emprendiendo acciones para defender los derechos de las víctimas de la quiebra. Facua informa que los afectados pueden paralizar el pago a las financieras por sus tratamientos no finalizados. Si se trata de un crédito vinculado, concertado por mediación de la propia clínica, es posible detener los pagos del crédito y oponer ante la financiera el cierre del establecimiento para no seguir haciendo frente al mismo, siendo necesario presentar reclamación ante la entidad de crédito. El problema para estas reclamaciones en Mallorca es que todavía la empresa, que presentó concurso de acreedores voluntario el pasado lunes, sigue manteniendo una mínima actividad, aunque sea posponiendo citas y tratamientos.
«Me han arrancado todo lo que me han querido arrancar y cobrado todo lo que me han querido cobrar»
« Llevo cuatro meses esperando una cita para revisarme los ‘brackets’, pero no descuelgan»
La conselleria de Trabajo, Comercio e Industria mantuvo ayer contactos con los 90 trabajadores de Dentix en Balears para conocer su situación. Virginia Abraham, directora general, se reunirá hoy con el delegado del comité de empresa en las islas para seguir con las conversaciones.
Paralelamente, el PP pidió la comparecencia del director general de Consumo del Govern, Félix Alonso, para que explique las reclamaciones a Dentix que ha gestionado su departamento.
Despachos de abogados como Orlegan a Themis se ofrecen en las plataformas de redes sociales de los afectados por la quiebra para prestar asesoramiento legal, resolución de consultas, charlas informativas y la posibilidad de encargar informes periciales. Pero por ahora los afectados siguen solos frente a la empresa.
« El local de Jaume III cerró sin previo aviso. Por eso vine al #de Avenidas. Pero ahora no hay ortodoncista»
«En abril de hace tres años empecé un tratamiento de ortodoncia con Dentix», explica María del Carmen Díaz, concentrada ayer con otros afectados frente a la clínica de Alexandre Roselló. «Llevo cuatro meses esperando que me atiendan, que me den cita para revisarme los brackets, que ya me causan dolor, pero ni siquiera descuelgan el teléfono», denuncia, mientras añade que el crédito que suscribió con el Sabadell para financiar el tratamiento finaliza en abril.
Mario Castro Delgado paga 80 euros cada mes por una ortodoncia de 6.000 euros que contrató hace cinco años en la clínica de Jaume III. «El local cerró sin previo aviso durante el estado de alarma. Vine a que me tratarán a la clínica de Avenidas, pero dicen que no hay ortodoncista y ahora me van retrasando la cita. Veo muy difícil que esto se soluciones», lamenta pesimista.
