La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, resaltó ayer en el pleno del Parlament que su departamento ha ayudado a 4.400 personas a hacer la transición de la Renta Social Garantizada (RESOGA) y la Renta Mínima de Inserción (RMI) al Ingreso Mínimo Vital estatal. Santiago ofreció este dato durante su defensa del decreto por el que se amplia la ratio de los trabajadores sociosanitarios de las residencias de 28 a 33 profesionales para cada 100 internos, que fue validado por el pleno con el respaldo de todos los partidos salvo Vox, que votó en contra.

En este decreto se incluyó la ampliación en un mes, hasta el 30 de septiembre, del plazo para hacer el trámite de solicitud del Ingreso Mínimo Vital para los perceptores de la RESOGA, la prestación autonómica aprobada en 2016 que es subsidiaria de cualquier prestación económica del Estado, por lo que debía adaptarse a la estatal. Así, además de equipararlas económicamente y con los perfiles de los perceptores, la conselleria decidió hacer el acompañamiento a los que recibían la prestación autonómica y sospechaban que podrían recibir el estatal.