"Queremos trabajar, queremos trabajar". Esta fue una de las principales premisas que los comerciantes y hosteleros lanzaron ayer durante la manifestación por el cierre de algunas zonas turísticas como Punta Ballena o la calle de la Cerveza. Esta protesta, que se realizó frente a la sede de la presidencia del Govern, quiso evidenciar el enfado y la indignación de los trabajadores, que se vieron obligados a tener que clausurar sus negocios después de pasar un largo periodo de confinamiento. De esta forma lo explicó Jesús Sánchez, presidente de la asociación balear de ocio nocturno: "Nuestro objetivo es que el Ejecutivo balear se dé cuenta de la situación tan precaria que está viviendo el sector del ocio en las islas. Los locales llevan seis meses sin trabajar, sin hacer ni un euro de caja y encima pagando todos los compromisos económicos. La verdad es que la situación es muy complicada".
Frente a este problema, los comerciantes quieren abrir un espacio de diálogo para intentar llegar a acuerdos que pudieran satisfacer a ambas partes. "Queremos ser parte de la solución y no del problema. Por ello, solicitamos al Govern que se abran vías de negociación para poner encima de la mesa una serie de cuestiones que permitan la supervivencia de nuestros establecimientos. El ocio está en la UCI y para subir a la planta no es suficiente un paracetamol", afirmó el presidente de la asociación.
Una de las peticiones que reclama este colectivo es un aumento en las ayudas y una inyección de liquidez por parte de las instituciones públicas. Así lo defendió Sánchez: "Vamos a solicitar que nos apliquen un IVA reducido y con una temporalidad excepcional hasta que podamos recuperar el 100% de la actividad. También vamos a exigir que nos ofrezcan herramientas para poder negociar con los alquileres, que es uno de los gastos más importantes en nuestros negocios. Asimismo, en relación con las bonificaciones de la Seguridad Social, contemplar un IRPF que pueda facilitar ese camino".
Otra de las principales quejas por parte de estos trabajadores es la falta de cooperación que tuvo el Govern a la hora de clausurar los negocios y establecimientos en estas zonas turísticas: "Estas medidas que exigimos las hemos echado en falta desde el primer momento. Al principio se nos estigmatizó y no se nos convocó para decirnos que al margen de esta medida abrirían un anexo de líneas de colaboración. Esto es lo que vamos a reclamar", aseguró Sánchez.
Además, el propio presidente de la asociación de ocio nocturno denunció que el cierre de estos negocios es una medida injusta e incoherente: "En estos últimos meses, tanto en la forma como en el fondo, el Govern se ha equivocado en todo. Las decisiones que han afectado a nuestro sector se tomaron a espaldas de nosotros. Se han cerrado calles que ni siquiera habían iniciado su actividad. Por tanto, ningún dato epidemiológico podía justificar esta medida. Debajo de todas estas decisiones subyace la aplicación de un decreto ley de excesos que según lo que estamos viendo parece que no tiene ninguna garantía de éxito".
Por último, el presidente de la asociación quiso lanzar un mensaje a las instituciones: "El ocio nocturno en Balears es un referente a nivel mundial. Si no quieren que muera esta parte de la cadena del sector turístico tienen que ayudar a que nosotros podamos alcanzar el año que viene. Los ERTE, que ahora se plantean llevarlos hasta final de año, nosotros necesitamos que los mantengan como mínimo hasta el mes de marzo".
El Ejecutivo se defiende
Desde la otra perspectiva, según informó EFE, la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, aseguró que mantener cerradas las discotecas de más de 300 personas de tecas de más de 300 personas de aforo "es una decisión puramente sanitaria, no es un capricho de este Govern" y defendió la campaña de controles para que se cumplan las medidas. "Este Govern tomó una decisión valiente en su momento, basada puramente en criterios sanitarios y que ha tenido reflejo en otras comunidades", dijo ayer Castro, en una rueda de prensa del balance de actuaciones de la policía tutor, a preguntas sobre la petición de diálogo de la asociación Abone.
Además, la consellera explicó que se trata de una decisión sanitaria: "Respeto las declaraciones de la asociación, las resoluciones que determinan que no deben estar abiertos en este momento locales de más de 300 personas están basadas en una decisión puramente sanitaria, no es un capricho de este Govern", afirmó. Castro también aseguró que "la evidencia demuestra que las discotecas han sido en otras partes un foco de contagio muy importante. Creo que la decisión fue acertada", insistió.
Sobre el decreto que fija las sanciones contra incumplimientos de medidas para evitar contagios de Covid, defendió que "busca controlar que no se incumplan las medidas". Finalmente, destacó que Balears fue la primera comunidad en aprobar una norma de este tipo y que las otras la copiaron posteriormente.
