La oferta ilegal es abundante en Mallorca, donde el alquiler vacacional promete sustanciosos réditos, especialmente si se realiza sin rendir cuentas al Govern y a la Agencia Tributaria. Sin embargo, realizar esta actividad sin controles y fuera del foco de la administración en un contexto de pandemia implica además un riesgo sanitario.
En el escrito que un grupo de deportistas enviaron hace unos días a la conselleria de Turismo para denunciar la existencia de decenas de viviendas turísticas ilegales en Mallorca urgen a una "actuación inmediata" de la administración.
"Los consumidores están completamente desprotegidos ante un foco de posibles contagios de Covid-19, pues no existe ninguna fiscalización ni control de dichas viviendas, y puede tener un efecto devastador para toda la isla si se genera un brote", indican en una denuncia que ya ha activado una investigación.
Labores de limpieza
Las viviendas que ahora están bajo la lupa se comercializan en Let's Go Rentals y en el buscador Vrbo, antes HomeAway. La empresa encargada de dar la bienvenida a los turistas y hacerles entrega de las llaves, Flying Fish, también gestiona el servicio de limpieza y lavandería de los inmuebles objeto de denuncia. De confirmar los inspectores del Govern la ilegalidad de su actividad, significaría que las labores de limpieza se han hecho al margen de los protocolos que fijan las instituciones.
La denuncia de estos deportistas no es una excepción en un contexto en el que abundan las irregularidades y escasean los medios para combatirlas. El Govern balear tiene recursos limitados para combatir una oferta ilegal difícil de cuantificar pero muy presente en Mallorca pese a la aprobación en 2017 de una ley que debía poner coto a todos los excesos que se producían en el mercado vacacional.
Desde entonces, la conselleria que esta legislatura dirige Iago Negueruela ha impuesto varias multas de 300.000 euros a Airbnb, Tripadvisor y HomeAway (ahora Vrbo), tres de los buscadores más populares del mundo, por anunciar en sus portales oferta ilegal. Airbnb recurrió su expediente a la justicia ordinaria, que hace algo más de un mes le dio la razón y anuló la sanción. Esta plataforma argumentó que no tenía por qué verificar la legalidad de la oferta que anunciaba.
De hecho, la mayoría de los intentos del Govern por sancionar a estas empresas han acabado atascados en los tribunales. Hasta la fecha, el Ejecutivo autonómico solo ha cobrado los 300.000 euros con los que sancionó a TripAdvisor y que el portal no recurrió.
