La portavoz de Cs en el Parlament, Patricia Guasp, ha cuestionado la "fuerza vinculante" de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares ante la "pasividad" y la "falta de voluntad" del Govern de actuar ante sus recomendaciones relacionadas con el plus de residencia y transporte de los altos cargos.
Cs había pedido la comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, Jaume Far, para explicar su Informe de recomendaciones emitido el pasado mes de febrero.
Guasp ha preguntado a Far si estaría en condiciones de asegurar que no se están cometiendo "irregularidades" o "fraude" con este complemento que perciben 19 altos cargos del Ejecutivo autonómico.
En este sentido, Far en su intervención ha recordado que el informe recomienda que la asignación recibida por los altos cargos y asesores no debería ser genérica, como hasta ahora, sino que debería fijarse en función del gasto y que debería justificarse.
Far también ha recordado la recomendación de clarificar los conceptos de residencia temporal y residencia definitiva y ha reconocido que la regulación es "mejorable" pero ha insistido en su "legalidad".
La portavoz de Cs ha pedido a Far más exigencia ante el Govern, "que no hace caso a sus recomendaciones".
Guasp ha reclamado que se modifique esta regulación ya que la ley exige que se pasan más de 183 días en Mallorca debe producirse el empadronamiento y, de este modo, se pierde el derecho a percibir el plus.
En esta línea, la diputada del PP Maria Antònia García, ha señalado que el trabajo del informe es "incompleto" porque no entra en detalle de cómo habría que ejecutar las recomendaciones.
Para la diputada popular el informe es un mero análisis jurídico "que convierte a la Oficina en un simple órgano consultivo".
En este sentido, Far ha defendido que esta circunstancia es "la única que le permite la ley".
La diputada popular ha lamentado que el informe no entre a analizar si los altos cargos analizados están empadronados correctamente y no están incurriendo en un "fraude de ley".
Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Esperança Sans, ha recordado que todas las formaciones políticas "en un momento u otro" desde hace más de una década han dado su apoyo a presupuestos que incluyen estos complementos.
En su turno, el portavoz de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat ha asegurado que "nadie tiene ninguna duda" de que los políticos que viven en islas diferentes a Mallorca tienen que tener una compensación por esta circunstancia para no caer en una situación de "desventaja".
En este sentido, ha señalado la necesidad de explorar la vía de la participación telemática para la participación de los diputados.
Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha reiterado la posición de su grupo de que la función de la Oficina "ya está regulada por otras administraciones" y que la cerrarían si tuvieran la competencia para ello ya que "no consideran que esté haciendo una labor de limpieza de la administración".
En todo caso, ha recordado que Vox fue "el único partido" de la oposición que apoyó a Unidas Podemos en el plus para los altos cargos que llegan de la península.
La diputada de El Pi Maria Antonia Sureda ha recordado igualmente el consenso político en torno a estas compensaciones aunque se ha planteado "qué pasará si el Govern no cumple con las recomendaciones".
La diputada Pilar Carbonero, por parte del PSIB, ha subrayado que el informe prueba que los perceptores no están obligados a justificar porque se trata de una prestación compensatoria "legal" derivada de la circunstancia insular de Baleares y ha destacado también la "unanimidad" en este sentido, como han hecho otros grupos.
En todo caso, ha planteado la necesidad de "reforzar" el control sobre el cumplimiento de los requisitos para recibir la compensación.
