Martín Aleñar Feliu (Barcelona, 1959) es el decano del Colegio de Abogados de Balears desde 2012, en cuya junta lleva tres décadas. Ejerce en un despacho familiar e imparte clases en el Máster Universitario en Abogacía de la UIB.
P Los tribunales llevan más de dos meses paralizados por la crisis del coronavirus
R Está todo parado, salvo las causas consideradas urgentes, como aquellas con presos o detenidos, las que afectan a derechos fundamentales y la violencia de género. En la Justicia ya estábamos quejándonos desde siempre de lo lento que funcionaba, de que le faltaban medios, de que no se aportaban recursos... Pues imagine con casi tres meses de suspensión. El colapso va a ser tremendo. Se prevé una avalancha de casos para la que los juzgados no estaban preparados.
P Este colapso que se vaticina puede tardar mucho en resolverse porque la administración de Justicia ya era lenta de por sí.
R Desde el ministerio de Justicia se han dado una serie de normas para la agilización procesal, pero es muy difícil que pongan remedio a este colapso. Sin medios, sin inversión, sin más jueces, porque en España tenemos casi la mitad de jueces que otros países europeos, es imposible. La abogacía venía reclamando un pacto de Estado para la Justicia y se han ido poniendo paños calientes. En Balears salvo alguna jurisdicción como la laboral, la mercantil y la contenciosa, que estaban más colapsadas, pues más o menos iban funcionando. En otros partidos la Justicia está totalmente colapsada, había señalamientos a más de dos años vista antes de esta crisis.
P ¿Cuáles van a ser las jurisdicciones más afectadas por el alud de casos nuevos?
R La laboral va a tener mucha carga de trabajo. Muchos ERTE van a acabar en despidos y puede haber muchas reclamaciones que acabarán siendo ventiladas en los juzgados. También la civil, por los temas de familia y los conflictos en los contratos. Hay que pensar que los arrendatarios de locales que no han facturado nada porque estaban cerrados no pueden pagar la renta. Eso puede acabar en el juzgado con un pleito para resolver el contrato.
P ¿Cómo puede afectar una crisis de estas características, en la que miles de negocios cerraron por orden del Gobierno, a ese tipo de conflictos?
R Se está cuestionando hasta qué punto la pandemia puede afectar a los contratos. Hoy en día los jueces no están autorizados más que para decir si un contrato se cumple o no, no pueden modificarlo. Pero existe un principio de Derecho, llamado rebus sic stantibus [en latín, 'estando así las cosas'].Está previsto de forma muy limitada para causas de fuerza mayor, imprevisibles, que a la hora de formalizar el contrato no se podían imaginar las partes. Es una modificación legislativa que se está proponiendo, veremos en qué terminos. De alguna forma permitiría al juez poder entrar a moderar el contrato para, por ejemplo, rebajar el precio. El problema es querer regular toda una serie de casos que al final son concretos y particulares, es muy complejo.
P ¿Qué opina de las medidas que ha aprobado el Gobierno para cuando se reactive la Justicia?
R Nosotros hemos manifestado nuestra decepción. Hay medidas organizativas que están bien, como que los funcionarios vayan por la tarde. Si los abogados tienen que ir, lo harán. Que las normas de reparto sean mucho más coherentes, eficaces y sensatas nos parece bien. Pero luego hay una serie de medidas que son ineficaces, como declarar 20 días de agosto hábiles.
P¿Por qué no sería eficaz habilitar el mes de agosto?
R Es una medida contraproducente. Lo que debemos hacer es centralizar las vacaciones en agosto. De otra forma, funcionarios, peritos, jueces y fiscales cogen vacaciones en junio, julio, agosto, septiembre... Así lo que hacemos es tener cuatro meses a media marcha, y eso es peor. Si centralizamos en agosto las vacaciones, sabemos que el resto de meses vamos a funcionar al cien por cien. Esto es lo que denunciamos desde la abogacía.
P¿Los abogados podrán tener vacaciones este verano?
R Esta medida no permite que los abogados nos vayamos de vacaciones, porque tenemos que estar vigilando continuamente si nos notifican algún juicio, una actuación judicial, una contestación a un plazo... Y ya sabemos que los plazos son fatales para los abogados, estemos o no de vacaciones. Todos queremos arrimar el hombro y los abogados somos los primeros que vamos a estar al pie del cañón y trabajando todo lo que haga falta, pero también tenemos derecho al descanso y a las vacaciones.
P No ha habido diálogo con los operadores jurídicos para este plan.
R Desde los colegios de abogados hicimos una serie de propuestas que mínimamente se acogieron, pero de forma casi testimonial. Hay que escuchar a quien está en el juzgado cada día, que sabe cómo pueden funcionar las cosas, qué va mal y cuál puede ser el remedio.
P¿Qué medidas alternativas plantean?
R Sin medios, no hay medida que valga. Hay que dotar a la Justicia de recursos humanos, muchos más jueces y funcionarios, letrados de la Administración... Y sobre todo, medios técnicos. Del expediente judicial electrónico venimos hablando hace un montón de años, pero entraremos en la era robótica y la Justicia seguirá yendo a pedales.
P Parece que la pandemia va a obligar a aplicar de forma masiva la vía telemática en los procesos judiciales. ¿Está preparada la Justicia? ¿Tiene los medios para que esto sea ágil?
R No. Rotundamente, no. Tenemos una plataforma de notificaciones que es una especie de correo electrónico un poco mejorado, que es Lexnet. Tiene continuos fallos, sobrecargas... El expediente judicial electrónico, que permitiría que cada abogado personado en un procedimiento lo tuviera en su ordenador, es lo que nos daría agilidad. Pero eso necesita medios importantes, porque hay que garantizar la seguridad, las garantías procesales, la confidencialidad...
P Al final, hablamos de dinero. Y no parece que vaya a haber mucho.
R No, la situación no va a ayudar a que ahora se invierta en Justicia. Soy bastante pesimista en este sentido, la situación es muy complicada. Pero vamos a confiar en que el Gobierno tome conciencia de que tener una Justicia eficaz, ágil y moderna también contribuye a la economía del país. Esto es algo que nunca han llegado a entender. La Justicia no da votos, por eso está olvidada y es la hermanita pobre de la Administración.
P ¿Es viable celebrar los juicios por videoconferencia?
R No creo. Estamos a la espera de ver cómo se implementa todo esto. Hay toda una serie de garantías que tienen que darse, es muy complejo. Para los juicios gruesos, la vía telemática no es posible. Si hay seis acusados, diez testigos y media docena de peritos, no es factible. En casos con un acusado, un abogado, el fiscal y el juez pues a lo mejor sí, porque su tramitación es mucho más simple.
P ¿Cómo puede afectar eso a los plazos judiciales? ¿Habrá muchos asuntos en los que se incumplan?
R Por supuesto. En la jurisdicción penal, por ejemplo, hay un periodo máximo de instrucción que lógicamente se va a tener que prolongar, porque si no van a prescribir todas las causas. Hay que tener en cuenta que para cada persona su asunto es lo más importante, y decirle que se verá dentro de seis meses... Volvemos siempre a lo mismo: hacen falta más medios.
P La Justicia entra en un terreno desconocido.
R Sí, es un panorama muy inquietante y preocupante. A la tradicional lentitud de la Justicia vamos a añadirle tres meses de paralización más toda la avalancha de casos que van a llegar, con unos medios que claramente no van a ser suficientes para atender el tsunami que se nos viene encima.
P El Gobierno quiere crear mecanismos extrajudiciales para resolver, por ejemplo, reclamaciones a las aerolíneas y evitar un alud de casos. ¿Qué le parece la medida?
R Hay muchos asuntos que posiblemente podrían solucionarse en tribunales de consumo. Hay una excesiva judicialización, pero eso también supone consensuar una regulación para dotar a esos tribunales de ejecutividad y de las garantías necesarias. Podría ser una solución para evitar colapsar la Justicia con estos asuntos que podríamos llamar pequeños.
P ¿Cómo han afectado a los abogados en particular estos meses de suspensión?
R La abogacía comprende un amplio abanico de actividades. La economía ha sufrido un frenazo brusco que ha afectado a todo el mundo. Los abogados que se dedican a asuntos judiciales, durante tres meses no han tenido nada. La economía de los clientes afecta a la de los abogados, porque muchos no pueden pagar. Posiblemente tendremos más trabajo, pero tendremos que trabajar el doble o el triple para ganar lo mismo. La mayoría de los abogados son autónomos y se han podido acoger a las ayudas, pero hay que acreditar unos requisitos muy difíciles para la abogacía, que factura a empujones.
P El Colegio de Abogados tiene una línea de ayuda para quienes estén en apuros. ¿Se han acogido a ella muchos letrados?
R Hay muchísimos abogados que están pasando momentos muy difíciles. En Balears tenemos 4.079 abogados y hay situaciones de toda índole. Algunos tienen problemas para llegar a fin de mes. El Colegio condonó las cuotas de abril y mayo y también se habilitó un fondo de hasta 70.000 euros en ayudas a colegiados en situación vulnerable, al que se han acogido unos 40 abogados.
P En los últimos meses ha habido muchas quejas de los abogados del turno de oficio por los retrasos en los pagos ¿Cómo está la situación ahora?
R Ahora llevamos un mes de retraso, que es una cosa asumible. En Balears hay 700 abogados del turno de oficio, que acumularon hasta cuatro meses de retraso en el pago. No se puede vivir de ello, porque se paga una cantidad irrisoria, pero es una ayuda importante para los despachos. Hay que actualizar los baremos, que se pague una cosa justa. 120 euros de media por llevar todo un caso de principio a fin no es justo. Incluso hay actuaciones que ni se pagan.