Alquilaban apartamentos que no eran suyos gracias a documentos falsos, acosaban a los inquilinos cortándoles la luz, presentaban falsas demandas de desahucio y mentían en los juicios. Ocurrió durante años en los edificios Pullman y Panam de Cala Major, en Palma, cuando una banda liderada por el expresidente de la comunidad de propietarios arrendó varias viviendas de personas fallecidas o embargadas a personas con pocos recursos económicos. La trama fue desarticulada por la Policía y la fiscalía pide ahora penas que suman más de 48 años de cárcel para el cabecilla, su mujer, su hijo, un abogado y otras tres personas que colaboraron con ellos. Están acusados de grupo criminal, falsedad, estafa, coacciones agravadas y falso testimonio. Está previsto que el juicio se celebre el próximo jueves en la Audiencia Provincial.
El principal acusado, Manuel L.V., ostentó el cargo de presidente de la comunidad de los bloques de apartamentos situados en las calles Joan de Saridakis y Puig de Alaró entre 2007 y 2011. El hombre, que tiene ahora 70 años, tuvo así acceso a la documentación sobre los propietarios de las viviendas y supo cuáles estaban vacíos porque sus dueños habían fallecido o vivían en el extranjero. Junto a su mujer y su hijo, habrían urdido un plan para alquilar estos inmuebles a otras personas haciéndose pasar por los legítimos propietarios. Lo primero que hicieron es conseguir figurar como dueños de seis viviendas ante la comunidad y las arrendaron a personas con problemas económicos, la mayoría migrantes en situación precaria.
La fiscalía sostiene que con la colaboración de otras tres personas, consiguieron que los pisos tuvieran suministro eléctrico, cobraban los alquileres y extorsionaban a los inquilinos morosos. Con este modus operandi, arrendaron a partir de 2012 los seis apartamentos, por cuyas rentas lograron más de 60.000 euros.
Los acusados no toleraban retrasos en los pagos y llevaron a cabo diversas amenazas y coacciones contra los morosos. Por ejemplo, cortaron la luz a un inquilino que vivía en uno de los apartamentos con su hijo de cuatro años y que acabó marchándose y amenazaron a otro con destrozarle el coche si no pagaba. Además, presentaron demandas para desahuciarlos. Uno de los apartamentos llegó a ser precintado por orden judicial, pero los acusados lo retiraron y siguieron alquilándolo.
La banda simuló también haber llevado a cabo obras de reforma en varios apartamentos para estafar a los auténticos dueños. En esta vertiente del fraude habría participado también un abogado, que elaboró y presentó cinco demandas en juzgados de primera instancia de Palma reclamando el coste de los trabajos. Sabían que los propietarios habían fallecido y sus herederos no habían tomado posesión de ellos. De este modo, confiaban en que el juzgado no pudiera localizarlos y les diera la razón. En estos procesos, tres de los acusados habrían mentido ante el juez asegurando que habían llevado a cabo las obras.
Finalmente, el expresidente de la comunidad habría construido apartamentos en diferentes zonas comunes de los edificios Pullman y Panam que luego arrendó.
Seis delitos
La Policía Nacional detuvo en junio de 2018 a lo siete sospechosos y Manuel L.V. ingresó en prisión provisional por orden judicial. La fiscalía imputa a los acusados siete delitos: grupo criminal, falsedad en documento mercantil, estafa, coacciones agravadas, estafa procesal y falso testimonio.
El ministerio público reclama para Manuel L.V. penas que suman 15 años y medio de prisión. Su mujer y su hijo se enfrentan a sendas condenas de cuatro y seis años y medio de cárcel. Para el abogado que supuestamente participó en el fraude reclama ocho años de prisión, mientras para los otros tres encausados pide penas de entre cuatro y cinco años y ocho meses de reclusión.
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