El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía ha detenido a siete personas, entre las que figuran tres familiares, que presuntamente se dedicaban a alquilar viviendas, en la mayoría de los casos a inmigrantes, que no solo no eran suyas, sino que tampoco disponían de la autorización del propietario. Estos pisos arrendados de forma ilegal se encontraban vacíos, porque casi todos son propiedad de extranjeros, que únicamente residen unos meses en Mallorca. Otros pisos alquilados eran propiedad de bancos.

Entre los siete detenidos figura el cabecilla del grupo, que junto a su hijo y su mujer, están acusados de un delito de estafa. También la Policía ha detenido a un abogado, así como a tres personas más, que serían los colaboradores que se dedicaban a buscar dichas viviendas. El padre fue el único de los detenidos que ingresó ayer en prisión, a petición de la fiscalía, después de prestar declaración ante la magistrada Carmen Abrines, titular del juzgado de instrucción número 10 de Palma. El resto de arrestados quedó en libertad con cargos, a la espera de que se instruya el caso y se determine la cuantía de esta supuesta estafa.

La Policía actuó después de recibir la denuncia, tanto de propietarios de estos pisos, como de los afectados, que han perdido el dinero que entregaron al firmar el contrato de alquiler.

En la investigación se ha descubierto que las viviendas alquiladas están ubicadas en un edificio de la zona de Cala Major, en Palma. Se trata de un edificio que cuenta con numerosas viviendas y que, además, muchos de estos pisos la mayor parte del año están cerrados porque sus propietarios no son residentes en Mallorca. Casi todos estas residencias figuran a nombre de extranjeros.

Según la investigación policial, el gestor que ingresó ayer en prisión utilizaba a unos colaboradores para que investigaran por el edificio y localizaran los pisos vacíos.

Además de alquilarlos, también se dedicaban a inventarse deudas económicas, según refiere la Policía en su atestado. Solicitaban a estos propietarios no residentes el pago de unos servicios que no se realizaban. Dejaban en la propia vivienda requerimientos de pago por unos trabajos de mejora del edificio. Como los propietarios no estaban y, por tanto, no recogían la notificación, desconociendo si estas deudas que les reclamaban respondían o no a trabajos realizados a favor de la comunidad.

Pero este grupo no se dedicaba únicamente a reclamar el pago de estas facturas a través de estas notificaciones. También lo hacían judicialmente. Con la intervención del abogado, que también ha sido detenido por la Policía al formar parte de esta organización, se presentaban demandas en los juzgados de Palma reclamando las deudas. Los propietarios tampoco tenían conocimiento de estas demandas en su contra y no podían defenderse ante la reclamación económica. Aunque el juzgado entregaba una notificación de dicha demanda, este documento tampoco llegaba nunca a manos de los supuestos deudores. Al no existir oposición a la demanda, el juzgado siempre daba la razón a la parte que reclamaba la deuda. Cuando los propietarios llegaban a su casa se les comunicaba, no solo la existencia de una deuda, sino que se les entregaba la sentencia donde un juez ya había determinado que estaban obligados a pagarla para evitar un embargo.

Los investigadores han podido constatar, y así se refleja en el atestado policial, que estos trabajos que se reclamaban a los dueños de estos pisos nunca se realizaron y, por tanto, los detenidos estaban utilizando facturas falsas para exigir este dinero.

La Policía ha podido constatar que el grupo, siempre a través del mismo abogado, presentó al menos seis demandas en los juzgados de primera instancia de Palma.